Al principio de la crisis pandémica debida a la propagación del CoVid-19, en algunos países surgió la «preocupación» de que las mujeres pudieran tener dificultades para acceder a los servicios esenciales de «salud sexual y reproductiva». Al aborto, en definitiva, como cualquiera ha aprendido a descifrar a estas alturas.
En el Reino Unido, en concreto, Gales, Inglaterra y Escocia han activado protocolos específicos de «telemedicina» gracias a los cuales las mujeres que lo deseen, tras una llamada telefónica o una videollamada, podrían obtener directamente en su domicilio la «píldora mortal» que se utilizará para matar al bebé en el vientre materno. El llamado aborto «hágalo usted mismo«.
La medida se diseñó para el periodo de «emergencia» pandémica, luego se fue ampliando gradualmente y se teme que se convierta en permanente. De nada sirvieron las advertencias de la comunidad científica, que señaló detalladamente que el aborto químico realizado directamente en casa por las mujeres supone un riesgo muy elevado para la salud de las madres, así como la probabilidad de abusos y coacciones.
Ahora le toca el turno a Irlanda del Norte, donde las señales son de todo, menos reconfortantes. De hecho, si hasta ahora ha habido una resistencia decidida a la deriva abortista por parte del parlamento de Stormont que, sin embargo, rechazó en marzo las pretensiones de Westminster de imponer en Belfast lo que está de moda en Londres, como informó «iFamNews» que aprobó una ley que tipificaba como delito la organización de directores y vigilias de oración fuera de las clínicas que practican abortos. El objetivo de Claire Bailey, diputada y líder del Partido Verde, es criminalizar a cualquiera que intente disuadir a una mujer que desea abortar, ofreciéndole un folleto o incluso rezando en silencio. La multa prevista puede ser de hasta 2.500 libras (casi 3.000 euros).
Hasta ahora, Irlanda del Norte no ha aplicado los protocolos del resto del Reino Unido, para el que el aborto químico a domicilio, como hemos visto, está permitido y registra cifras asombrosas tanto en Inglaterra y Gales como en Escocia.
Recientemente, sin embargo, Brandon Lewis, diputado del Partido Conservador, Secretario de Estado de Irlanda del Norte, en un discurso en el parlamento de Londres durante un debate relativo a un cambio en la ley del aborto de Irlanda del Norte, declaró explícitamente que era «[…] consciente de que la normativa actual no permite el aborto a través de la telemedicina, pero estudiaré esta cuestión y actuaré para apoyar que las mujeres de Irlanda del Norte tengan el mismo acceso que las del resto del Reino Unido.
La portavoz de la organización antiabortista Right To Life UK, Catherine Robinson, dejó claro que «el aborto voluntario ha sido un desastre allí donde se ha introducido. Facilita la coacción y el abuso, y es peligroso para la salud de las mujeres tomar medicación pesada sin un examen médico previo en persona».
Además, añadió Robinson, «el gobierno ha forzado la introducción del aborto en Irlanda del Norte, en contra de la voluntad de la población norirlandesa, la mayoría de la cual no apoya la actual legislación sobre el aborto». Ahora, para colmo de males, Brandon Lewis ha declarado que pretende empeorar aún más las cosas imponiendo el «aborto por cuenta propia» en el país.
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