«El aborto postnatal debería estar permitido en todos los países que aceptan el aborto como una práctica legal y ética«. Ya en 2012, dos investigadores de Italia que se habían trasladado a Australia afirmaron sin ambages que no hay diferencia entre el estatus moral de un feto y el de un recién nacido. No es el paso por el canal del parto lo que da al feto la dignidad de persona. Muy cierto. Pero esto, por desgracia, está siendo explotado descaradamente por Nueva Zelanda, que ha despenalizado el aborto con una de las leyes más extremas del mundo, concretamente exigiendo que los niños que sobrevivan a los abortos tardíos sean dejados morir sin asistencia médica.
Por lo tanto, matar a un bebé es éticamente aceptable en todos los casos en los que el aborto lo es, ya que «el estatus moral del lactante es el mismo que el del niño no nacido; y si ninguno de los dos tiene valor moral por ser sólo una persona potencial, entonces la misma razón debería justificar el asesinato de una persona potencial cuando acaba de nacer».
No hay diferencia entre un feto y un recién nacido
Sin embargo, a pesar del horror de la ley neozelandesa que permite morir a los bebés nacidos vivos pero «no deseados», en Europa ya ocurren cosas peores. Así lo demostraba la encuesta publicada en la revista Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica: Médicos y otros profesionales sanitarios de las regiones neerlandófonas de Bélgica dispuestos a practicar abortos tardíos también están a favor de la legalización del infanticidio. Están de acuerdo en que «en el caso de una afección neonatal grave (no letal), la administración de fármacos con la intención expresa de poner fin a la vida del neonato es aceptable».
Por tanto, debería ser posible «suprimir legalmente» la vida de los hijos esperados, deseados y nacidos vivos si son discapacitados o padecen enfermedades graves. Por desgracia, no todo son hipótesis.
Asesinatos de niños
«Creo que mucha gente ha llegado a considerar la eutanasia como una parte normal de las obligaciones de un médico, al igual que atender partos o realizar operaciones quirúrgicas. Pero tengo la impresión de que una minoría considerable y creciente, preocupada, se hace la siguiente pregunta: «¿Dónde acabará esto?». Así se expresaba en las páginas de iFamNews el profesor Theo Boer, catedrático de ética sanitaria, gran partidario de la eutanasia en Holanda y luego gran arrepentido, ante las dramáticas derivas alcanzadas por las prácticas eutanásicas. Ahora bien, en su país, aunque no se ha extendido formalmente a los niños, de hecho las directrices emitidas por el gobierno ordenan al fiscal que no persiga en ciertos casos a los médicos que practican la eutanasia a niños menores de 12 años.
La realidad, sin embargo, es aún peor: una publicación médica especializada y autorizada, la Archivos de enfermedades en la infancia. Edición fetal y neonatal informa de que hasta a un 10% de todos los niños que murieron en Flandes entre 2016 y 2017 antes de cumplir un año les fueron administrados fármacos por parte de sus médicos con la «intención explícita de acortar su vida». Es decir, los mataron: es un infanticidio.
El estudio, titulado Decisiones sobre el final de la vida en neonatos y lactantes: un estudio de seguimiento de la mortalidad a nivel de población, «End-of-life decisions in infants and young children: a population-based mortality follow-up study‘, cubre las decisiones sobre el final de la vida (ELD), incluyendo el no tratamiento o la medicación para aliviar el dolor y/o los síntomas. El cuestionario anónimo enviado a los médicos tratantes muestra que en el 61% de los casos de muertes de niños en Flandes durante el periodo cubierto por la investigación, una ELD precedió a la muerte. Aunque «sólo» en el 10% de los casos se administraron fármacos con la intención explícita de acortar la vida, también hay casos, hasta el 37%, de no administración o retirada del tratamiento debido. Esto significa que estos niños murieron porque no se les ofreció la atención que necesitaban: se les dejó morir.
Luego hay otro -enorme- 14% de casos en los que se administraron medicamentos con posibles, aunque no explícitas, consecuencias de acortamiento de la vida.
Esto significa que más de la mitad de los bebés y niños que murieron en Flandes entre 2016 y 2017 fallecieron como consecuencia de una acción concreta, o una omisión igualmente concreta de los facultativos médicos con la intención -más o menos explícita- de acabar con la existencia de esos pequeños.
No existe la «pequeña eutanasia».
Lejos de denunciar la situación actual, los autores de la investigación, constatando el statu quo, sugieren que se desarrolle una normativa que permita el infanticidio en condiciones más controladas, aunque con el riesgo de «limitar a los neonatólogos en la toma de decisiones que consideren justificadas en el interés superior del niño». El temor, por tanto, sería que un mayor control y una mejor evaluación de la práctica (es decir, del infanticidio) pudieran limitar la acción de los médicos. Evidentemente, con vistas a un «interés superior» que en los Países Bajos, pero no sólo allí, es la fórmula mágica para hacer aceptable cualquier fechoría.
Sin embargo, el infanticidio no es una práctica médica ética. El mero hecho de que se plantee muestra que «dar a los médicos (y, cada vez más, a las enfermeras) una licencia para matar acaba por corromper la medicina, desde el principio de la vida hasta el final de la vejez«.
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