Una nueva propuesta legislativa en Arizona podría imponer penas de delito grave a los sacerdotes que no rompan el secreto de confesión para denunciar el abuso infantil descubierto durante el sacramento.
El proyecto de ley 2039 de la Cámara de Representantes, presentado por la representante estatal Anastasia Travers en diciembre de 2025, enmienda el código estatal para exigir la denuncia si un sacerdote tiene «sospechas razonables para creer que el abuso está en curso, continuará o puede ser una amenaza para otros menores».
El incumplimiento podría resultar en cargos de delito grave de clase 6, con multas de hasta $150.000 y prisión de hasta dos años. Travers, quien presentó una medida similar en 2023, no respondió a las preguntas sobre la motivación del proyecto de ley. Esta iniciativa se alinea con los esfuerzos en varios estados de EE. UU. para obligar al clero a violar la confidencialidad confesional en virtud de las leyes de denuncia obligatoria.
En julio de 2025, un tribunal federal bloqueó una ley comparable del estado de Washington por motivos de la Primera Enmienda, lo que llevó al estado a abandonarla en octubre. Propuestas similares han surgido en Delaware, Vermont, Wisconsin, Montana e incluso Hungría en 2025, aunque ninguna ha sido promulgada. Los legisladores de California propusieron y retiraron una en 2019.
Según el derecho canónico de la Iglesia Católica, los confesores tienen «absolutamente prohibido» traicionar a los penitentes «de ninguna manera» o por ningún motivo, y los infractores se enfrentan a la excomunión automática. Históricamente, los sacerdotes han sido martirizados por defender este secreto.
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