El 25 de septiembre de 2025, la UNESCO publicó su primer informe centrado específicamente en la educación en el hogar, titulado “La educación en el hogar a través de una lente de derechos humanos”. El estudio explora cómo la educación en el hogar interactúa con el marco internacional del “derecho a la educación”. A primera vista, el documento parece neutral y descriptivo, pero una mirada más atenta revela un claro impulso de promoción hacia una regulación y supervisión gubernamental más estricta de la educación en el hogar.
Aunque el derecho internacional no aborda explícitamente la educación en el hogar, el informe afirma que el Estado tiene la obligación de garantizar la calidad educativa en todos los entornos, incluidos los hogares. Reconoce el derecho de los padres a elegir cómo se educa a sus hijos, pero vincula inmediatamente ese derecho con el deber del Estado de hacer cumplir las normas mínimas y la rendición de cuentas.
El informe señala varias preocupaciones sobre los entornos de educación en el hogar: cuestiona si los hogares pueden abordar de manera fiable temas como la educación sexual, la diversidad cultural, la formación ciudadana y la mezcla social. Destaca un riesgo percibido de que los niños educados en casa puedan perderse “experiencias” consideradas esenciales para la participación en la sociedad.
Una de las recomendaciones más llamativas es el registro obligatorio de los alumnos que estudian en casa (donde aún no existe), junto con la evaluación periódica de los resultados del aprendizaje e incluso las visitas domiciliarias o los derechos de inspección en casos extremos. La sugerencia es que, mediante el registro y la inspección, los estados pueden garantizar “estándares de calidad” incluso en la educación privada en el hogar.
Desde una perspectiva de los derechos de los padres, el informe plantea señales de alerta: la educación en el hogar se trata menos como un derecho y más como un privilegio condicional, otorgado solo mientras se ajuste a las normas definidas por el estado. La libertad de los padres para diseñar la educación de sus hijos queda así subordinada a los criterios estatales de igualdad, inclusión, no discriminación y cohesión social.
En resumen: si bien el informe parece celebrar la opción de la educación en el hogar, su mensaje subyacente es que los gobiernos deben garantizar resultados educativos controlados, sin riesgos, inclusivos y socialmente aprobados, incluso en el hogar. Para las familias que educan en el hogar por razones de fe, valores o tradición, esto presenta un desafío a la autonomía de su elección educativa.
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