Según se informa, algunos hospitales de Estados Unidos están llevando a cabo prácticas tan preocupantes que ponen en tela de juicio la propia dignidad de la vida humana. Según una investigación reciente de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), una organización de obtención de órganos (OPO) que operaba en la región de Kentucky-Ohio-Virginia Occidental permitió que el proceso de donación de órganos comenzara mientras los pacientes aún mostraban signos de vida.
La revisión de la HRSA examinó 351 casos en los que se autorizó la donación de órganos, pero finalmente no se llevó a cabo. En esa muestra, el 29,3% (103 casos) incluía “características preocupantes”, entre ellas 28 pacientes que “puede que no estuvieran fallecidos” cuando comenzaron los procedimientos de extracción de órganos. Las conclusiones ponen de relieve un cambio inquietante: en lugar de la ética de priorizar al paciente, el sistema parece haber priorizado el calendario de extracción de órganos. En un caso detallado por The New York Times, un donante sometido al protocolo conocido como “donación tras muerte circulatoria” (DCD) recuperó el latido del corazón a mitad del procedimiento después de que se realizara la incisión.
Estos hechos son especialmente alarmantes si se contemplan en el contexto de los países que aplican la eutanasia. En el protocolo DCD descrito, los pacientes suelen recibir una “orden de no reanimación” (NPR) antes de la extracción de órganos: se toma la decisión de no reanimar al paciente, no porque la recuperación sea imposible, sino porque los órganos deben estar en condiciones viables. La HRSA señaló que muchos de estos pacientes, en circunstancias normales, serían candidatos a la reanimación, pero que esencialmente se les mantuvo en un estado de limbo hasta que se extrajeron los órganos.
Un ejemplo conmovedor relata el caso de una mujer llamada Misty Hawkins: tras un incidente de asfixia, se declaró improbable su recuperación, se le colocó un respirador y, a continuación, se organizó la donación de órganos en el marco del DCD. A pesar de la invocación de la muerte, cuando los cirujanos le abrieron el pecho, su corazón latía y volvía a respirar. Sin embargo, el protocolo siguió adelante, según se informa, sus padres no fueron informados plenamente de lo que ocurrió.
Desde un punto de vista provida, las implicaciones no podrían ser más evidentes. La noción de que la vida se trata como algo secundario a la viabilidad de los órganos socava el carácter sagrado de todo ser humano, nacido y no nacido. Una cultura que permite que se declare a los pacientes efectivamente muertos en aras de los órganos, incluso cuando persisten signos de vida, es una cultura que se desliza peligrosamente hacia el utilitarismo: valorar las partes del cuerpo por encima de las personas.
La ética médica debe volver a reunirse en torno a un imperativo claro: proteger primero a los vulnerables. Los órganos no deben dictar el momento de la muerte. Las familias deben ser informadas plena y honestamente. Y ningún protocolo de “donación” debe permitirse jamás que preceda al final inequívoco de la vida. Las órdenes correctivas de la HRSA a la OPO son bienvenidas, pero señalan lo profundamente arraigado que se ha vuelto el problema.
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