Un hombre en Nueva York que confesó en televisión en directo haber asesinado a sus padres ancianos porque estaban “perdiendo su independencia” ha pedido ahora públicamente la legalización del suicidio asistido.
El individuo, identificado como Lorenz Kraus, admitió haber estrangulado a su padre y asfixiado a su madre con una cuerda en septiembre, alegando que sus acciones estaban motivadas por la “compasión” y un “sentido del deber” debido al deterioro de la salud y la avanzada edad de sus padres.
Kraus utilizó esta trágica admisión como base para instar a los legisladores a que permitan el suicidio asistido, argumentando que las personas que experimentan circunstancias similares —en las que la independencia de un ser querido se desvanece y su sufrimiento parece inevitable— deberían tener un medio legal para abordar la situación. Comentó: “Necesitamos ampliar la ley para que la gente pueda afrontar este tipo de problemas de una manera humana”.
Este caso ilustra los graves riesgos inherentes a la legalización del suicidio asistido. Muestra cómo la retórica de la compasión y el alivio de la carga puede convertirse en una justificación para quitar la vida en lugar de protegerla. El hecho de que alguien que cometió un asesinato esté ahora abogando por un marco legal para facilitar la muerte subraya lo fácil que es que se difumine la línea entre el cuidado y la coacción, entre el apoyo y la sanción.
Su justificación —que los padres estaban “perdiendo su independencia” y, por lo tanto, su acción era misericordiosa— refleja los argumentos que a menudo esgrimen los partidarios del suicidio asistido: que la muerte es preferible cuando se considera que la vida carece de dignidad, autonomía o independencia. En sus propias palabras: “Hay 40 millones de boomers. Todos van a pasar por este tipo de problemas [relacionados con la edad]”.
La sociedad debe resistirse a pasar de valorar la vida incondicionalmente a valorarla solo cuando cumple ciertos criterios de independencia o productividad. Si la lógica del suicidio asistido se afianza legalmente, el peligro es que las personas vulnerables puedan sentir presión —directa o indirecta— para poner fin a sus vidas en beneficio de otros o para evitar ser una “carga”.
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