La República de Namibia es un país poco poblado del sur de África. Con 2,7 millones de habitantes -una media de 3,3 personas por kilómetro cuadrado-, es el segundo país del mundo con menor densidad de población. La mayor parte de su superficie está ocupada por los desiertos de Namib y Kalahari.
La tasa de crecimiento de Namibia para el año 2020 se sitúa en torno al 2%, al igual que la del Congo, Senegal y Egipto. Pero también la misma tasa de crecimiento que para Arabia Saudí y Luxemburgo, por poner más ejemplos. Por supuesto que en el caso de Namibia la renta per cápita cambia sustancialmente.
Namibia es uno de los estados más jóvenes del continente africano: ex colonia del imperio alemán con el nombre de Deutsch-Südwestafrika entre 1884 y 1919, y posteriormente parte de la Unión Sudafricana bajo la Corona Británica hasta 1961, fue después una provincia de la nueva República Sudafricana hasta que ganó su independencia en 1990.
Un legado de la época sudafricana en Namibia es la ley aún vigente que regula el acceso al aborto, la Ley de Aborto y Esterilización 2 de 1975 (RSA), derogada en 1996 en Sudáfrica y que permite recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo cuando existe peligro para la salud física y/o mental de la madre, cuando hay riesgo de discapacidad grave e irreversible para el feto y cuando el embarazo es resultado de una violación o un incesto. Es más que suficiente; de hecho, demasiado.
Sin embargo parecería que no, cuando por ejemplo recordamos que en 2015 – 2016 HEARD -una organización de investigación aplicada afiliada a la Universidad de KwaZulu-Natal (Sudáfrica)- utilizó el argumento habitual de los riesgos que conlleva el “aborto inseguro” para difundir estudios y panfletos en los que se denunciaba que el aborto “a la carta” -que consideraban un derecho humano- no estaba disponible en el país africano con la comocidad deseada.
Al parecer ni tan siquiera hoy lo estaría, ya que a finales del pasado mes de octubre el gobierno de Namibia celebró una consulta sobre laLey del Aborto, instado en la sala y en las redes sociales por parte de la viceministra de Sanidad y Servicios Sociales, Esther Muinjangue -una abogada de derechos humanos y asesora especial para África en las Naciones Unidas-, Bience Gawanas, y grupos de activistas a favor del aborto como EllaDecide y Coalición “Voices for Choices and Rights” (VCRC).
La ley actual es considerada demasiado restrictiva, y durante unas audiencias públicas el director ejecutivo del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Ben Nangombe, hizo unas declaraciones difundidas en el sitio web del periódico Namibian Sun y en su perfil de Twitter sobre que el departamento “cree que la actual legislación sobre el aborto está anticuada y necesita ser revisada y una nueva legislación promulgada que incorpore y hable de las realidades sobre el terreno.”
El tema se cuenta en profundidad en un artículo de The Telegraph del 2 de noviembre de 2021, que señala también que “[…] sin embargo, la modificación de la legislación podría tardar aún al menos un año. Al debate nacional le seguirán las audiencias públicas regionales sobre el aborto, al final de las cuales se elaborará un informe que se presentará al Parlamento”, pareciendo lamentar que la legislación no se haya ido al diablo allí mismo.
De hecho, el Telegraph parece apoyar las voces de quienes en el país se dejaron aplaudir a rabiar cuando, el mes pasado, Benín aprobó la legalización del aborto.
Sobre todo, el periódico británico hace suya la opinión de quienes consideran que la actual ley de Namibia es un remanente del patriarcado, la religión y el apartheid.
Sí, el apartheid. Según la autora del artículo, Sarah Newey, “La Ley de Aborto y Esterilización de 1975, dicen los historiadores, se introdujo para evitar que las mujeres blancas interrumpieran sus embarazos, en medio de la histeria de que la población negra las superara en número”.
Es humano y evidente que, cuando te abordan con una ley, te unen, te implican y te comprometen contra una trágica política de segregación racial en perjuicio de poblaciones enteras, esa ley, cualquier ley, no sólo es mala, sino realmente execrable. Esto, sin embargo, no quita que sería igualmente execrable ampliar el acceso al aborto, incluido el aborto bajo demanda, lo que, además de no compensar a quienes han sido víctimas del apartheid, violaría un derecho inalienable, intocable, no negociable, como es el derecho a la vida.
Ndiilokelwa Nthengwe, cofundadora de la autodenominada organización proabortista Voices for Choices and Rights Coalition, declaró al Telegraph que “Poco a poco, estamos descolonizando y eliminando los restos del apartheid de nuestra Constitución… para conseguir realmente una sociedad justa y equitativa para todos los namibios. […] Significa que, por fin, estamos abordando las leyes institucionales que durante años se han utilizado para oprimir a las mujeres, a las adolescentes y a las personas no conformes con el género”. Una “sociedad justa y equitativa” para todos los namibios: todos excepto los bebés en el vientre materno. No hay justicia ni equidad para ellos.