Las palancas sobre las que actúa el pensamiento políticamente correcto dominante para promover y patrocinar todos los medios para que el aborto voluntario sea inmediato, fácil, y de hecho un auténtico derecho humano, suelen ser dos. En los países más desarrollados y económicamente afortunados, explota casos límite, conmovedores, incluso desgarradores: casos como, por ejemplo, chicas jovencísimas, casi niñas, quizá incluso discapacitadas, víctimas de violación y/o incesto. Lamentablemente, estas situaciones existen, pero son casos límite, mientras que las cifras del aborto en Italia, por ejemplo, muestran un panorama completamente diferente.
En las zonas menos afortunadas del mundo, donde el hambre y las precarias condiciones higiénicas se cobran de por sí innumerables víctimas, el mismo pensamiento utiliza descaradamente otra cifra, la de la mortalidad materna, difícil de verificar científicamente y de forma incontestable por mil razones económicas y sociales.
Este segundo caso lo hayamos en un artículo publicado en The London Telegraph en febrero, específicamente sobre el estado de Malawi, en el sureste de África: un artículo ahora cuestionado por la publicación de un estudio analítico cuidadosamente revisado en Revista Internacional de Investigación Medioambiental y Salud Pública (IJERPH).
Muertes por “aborto callejero”, según The London Telegraph
El artículo del Telegraph habla, con tonos y acentos muy dramáticos, de miles de mujeres -exactamente de 12.000 al año- que morirían “como pollos” a causa del “aborto callejero”, con lo cual evidentemente se refiere al aborto clandestino, al que se dice que las mujeres del país acuden en gran número debido a la legislación de Malaui sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que sólo es posible si la vida de la madre está en peligro. El periódico británico afirma que “[…] una investigación reciente de la Escuela de Medicina de Malawi estima que cada año se producen más de 141.000 abortos inseguros y callejeros, incluyendo 12.000 muertes relacionadas”, denunciando también el escaso uso de métodos anticonceptivos “modernos” por parte de la población rural.
The Telegraph continúa diciendo que “[…] en 2017, la Comisión Jurídica de Malawi redactó un proyecto de ley de interrupción del embarazo para reformar la actual ley antiaborto e incluir disposiciones para el aborto legal en casos de violación e incesto. Pero en los años transcurridos, el impulso en torno a los cambios propuestos se ha estancado, en parte debido a la fuerte oposición de líderes eclesiásticos, que asocian el aborto con el asesinato.”
De hecho, más recientemente han fracasado otros intentos de legalizar el aborto: a principios de este año el Parlamento rechazó por unanimidad un proyecto de ley sobre el tema. Un proyecto posterior fue incluso retirado por los mismos promotores.
La respuesta de la investigación
El estudio publicado en IJERPH , y que cuestiona este retrato de la realidad del aborto en Malaui es de la autoría de Calum Miller, médico, graduado en 2015 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford en Reino Unido e investigador asociado en Bioética y Filosofía de la Religión en la Universidad de Oxford.
Pues bien, Miller parte de un supuesto fundamental y absolutamente “laico”, a saber: “es importante implementar una evaluación precisa de la mortalidad materna por aborto inseguro, por una serie de razones”. Y continúa: “En primer lugar, ayudará a priorizar la asignación de recursos para reducir al máximo la mortalidad materna. En segundo lugar, proporcionará información que alimentará los debates políticos sobre el estatus legal del aborto: si mueren muchas menos mujeres por abortos inseguros de lo que generalmente se sugiere, y si hay poca evidencia de que la legalización del aborto evitaría estas muertes, entonces el argumento para legalizar el aborto sobre la base de la mortalidad materna se debilita como consecuencia necesaria”. Por lo tanto, será igualmente importante tener en cuenta que la cuestión no sólo afectaría a Malawi, un país predominantemente rural y de bajos ingresos, sino que “los mismos argumentos de ambos lados son aplicables a gran parte del mundo en desarrollo”. Es, al menos, el caso para la mayor parte de África.
Su estudio llega a una conclusión concreta a saber: “si bien nadie puede poner en duda que algunas mujeres mueren cada año a causa del aborto inducido ilegal, este artículo demuestra que las últimas pruebas evidenciaron que el número es mucho menor de lo que se suele afirmar”.
El Dr. Miller redactó sus conclusiones después de aportar un dato muy relevante, cuando afirmó que quizás el principal problema para estimar las muertes por aborto inseguro es que “[…] en las estadísticas de mortalidad, ‘aborto’ se refiere casi siempre tanto al aborto inducido como al espontáneo (y a veces incluso al embarazo ectópico)”.
Todo ello ocurre en zonas donde los graves problemas sociales, económicos y de infraestructura ponen de manifiesto que las causas de la mortalidad materna son atribuibles a tres factores relacionados con el retraso en la actuación: un retraso en la decisión de la mujer de buscar atención, el retraso en llegar al centro de salud y, por último, el retraso en recibir el tratamiento necesario.
Miller rechaza el argumento expuesto en el artículo del Telegraph, y señala que en los países en los que no se ha despenalizado el aborto (como Polonia o Chile en el momento en que se realizó la investigación) la mortalidad materna también ha disminuido, gracias a que los abortos ilegales se realizan en condiciones más seguras para la vida de la mujer y a una mejor atención postaborto, especialmente los abortos con medicamentos.
En otros países, como Ruanda y Etiopía, la liberalización de la ley de interrupción del embarazo ha supuesto más bien un aumento del porcentaje de muertes maternas por aborto.
Conclusiones
La investigación de Calum Miller concluye con estas palabras: “[…] las últimas pruebas sugieren que entre el 6% y el 7% de las muertes maternas -por lo tanto estaríamos hablando de entre 69 y 147 al año, dependiendo de la estimación del total de muertes maternas- en Malawi se deben a la combinación de abortos más abortos espontáneos. La estimación más reciente de la mortalidad materna sugiere el extremo inferior de este rango. Sin embargo, incluso estas tasas tienen ahora 20 años de antigüedad y es probable que hayan disminuido aún más dados los importantes avances en la seguridad del aborto ilegal y la calidad de la atención postaborto. Un gran número de estas muertes, quizás incluso la mayoría, se deben al aborto espontáneo, por lo que sólo una proporción muy pequeña y un número muy reducido de muertes maternas se deban específicamente al aborto inducido. Las pruebas de que este pequeño número de mujeres se salvaría con la legalización del aborto siguen siendo escasas. Por lo tanto, para reducir la mortalidad materna con recursos limitados, se debe dar prioridad a la atención obstétrica de urgencia y a la amplia cobertura de la infraestructura de atención primaria de salud, en lugar de políticas de apoyo costosas, controvertidas y probablemente ineficaces”.
Esto no significa, por supuesto, que consideremos la vida de estas mujeres menos importante que la de otras, es ridículo tener que justificarnos: incluso una sola muerte sería ya demasiado. Pero al mismo tiempo, no es posible escudarse en los datos inflados artificialmente en los medios de comunicación para obligar a los políticos a decidirse por la liberalización del aborto, que, incluso dejando de lado los principios innegociables, no ayudaría a reducir el número de muertes.
Sin embargo, el Real Colegio Británico de Obstetras y Ginecólogos no ha dejado de respaldar el artículo del Telegraph y la noticia de que 12.000 mujeres son sacrificadas como animales cada año, mientras no deja de ‘twittear’ a favor del’aborto seguro‘, el aborto seguro que ‘salva vidas’. Como nos hemos preguntado una y otra vez en estas entradas digitales, ¿qué vida, después de todo, si el niño muere en todos los casos?
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