En estos tiempos de máscaras y otros artilugios de protección personal, el reconocimiento facial de las personas sigue siendo útil, siempre con fines muy específicos. Nueve escuelas escocesas del norte de Ayrshire han puesto en marcha un programa digital dirigido a los alumnos: antes de permitir la entrada a los alumnos al comedor se comprueba electrónicamente si han pagado la cuota de su almuerzo mediante tecnología de verificación facial de la identidad.
El motivo para ello (¿o el pretexto?) es razonable: precauciones contra el COVID-19. En efecto, el pago por reconocimiento facial se considera más higiénico que las tarjetas de crédito o el escaneo de huellas dactilares. ¿Otra ventaja?: menos tiempo de cola en el comedor. Como declaró David Swanston, director general de CRB Cunninghams, empresa que produce el software, “el reconocimiento facial ha reducido los tiempos de pago por alumno a una media de cinco segundos”. Además de las nueve “escuelas piloto”, otras 65 en todo el Reino Unido están en lista de espera para la implantación de esta nueva tecnología.
Según el Consejo Administrativo de North Ayrshire, el 97% de alumnos o padres de alumnos dan su consentimiento al proyecto. El reconocimiento facial, de hecho, ahorra a los niños la carga de tener que recordar los PIN (que los niños y jóvenes suelen olvidar) y protegería además contra el fraude digital. Los datos biométricos de los estudiantes se almacenan en las bases de datos de la escuela y luego se destruyen cuando salen de ella.
¿Felices todos, y para siempre? De ninguna manera. Para los británicos, a pesar de los tiempos que corren, la privacidad sigue siendo un principio fundamental, y los escoceses no son una excepción. Entre los que expresan su disconformidad está, por ejemplo, la Oficina del Comisariado de Información (ICO), que, en conversaciones con el Consejo Administrativo de North Ayrshire aboga por un método “menos intrusivo”. De hecho, surge el problema nada despreciable de la protección de los datos de los niños. A este respecto, la ICO señala que “las organizaciones deben considerar cuidadosamente la necesidad y proporcionalidad en la recogida de datos biométricos antes de actuar”.
Aún más intransigente es Big Brother Watch, cuya directora, Silkie Carlo, pide la suspensión inmediata del reconocimiento facial en las escuelas británicas. “Para entrar en un comedor escolar, ningún niño tiene que ser sometido a controles de identidad como si estuviera cruzando una frontera”, dijo Carlo en The Guardian. “Vivimos en una democracia, no en un Estado policial”. Los datos sensibles de los niños, prosigue la activista, son un activo que hay que “proteger”, no “dispersar a capricho”. Porque, según denuncia Carlo, la empresa encargada de recopilar estos datos biométricos se niega a revelar quién más podría tener acceso a esa información personal de los niños.
Carlo, entrevistada por el El Financial Times, describe la tecnología de reconocimiento facial como algo no indispensable para las escuelas. “Los controles biométricos de identidad se están convirtiendo en algo normal para cuestiones que, sin embargo, son triviales”, afirma. Porque “no es necesario utilizar tecnología de propia de un aeropuerto para que los niños almuercen”.
Por su parte, el Gobierno escocés ha pedido a las autoridades locales que sean estrictas en la protección de datos y en el control de las escuelas para que se cumplan rigurosamente las directrices.
Pero el reconocimiento facial digital no es en absoluto algo nuevo. Muchas escuelas de Estados Unidos lo vienen utilizando desde hace años, principalmente como medida de seguridad. Sin embargo, al mismo tiempo varios estados y ciudades norteamericanas han dado marcha atrás, ya que esta tecnología -un fenomenal cortocircuito de la modernidad- se presta a la discriminación racial y sexual.
También se está generando una controversia similar en Moscú, donde se viene utilizando el reconocimiento facial para los pasajeros del metro: un uso que -según los opositores al Presidente Vladimir Putin- podría utilizarse a su vez para identificar y atacar a los opositores políticos.
En cuanto a la Unión Europea, a principios de octubre el Parlamento Europeo pidió la prohibición de esta tecnología en los espacios públicos y la aplicación de garantías más estrictas en el uso de la inteligencia artificial por parte de las fuerzas del orden para evitar la discriminación.
Pero el dilema ético más importante es muy diferente. Estamos hablando del tratamiento de datos de los niños, cuya seguridad y confidencialidad debe garantizarse de la manera más estricta. Y tras los menores, los adultos; en fin, todos.
Y en cuanto a los más pequeños y los muy pequeños, subyace en todo esto un elemento educativo que no debe subestimarse. Con el reconocimiento facial, de hecho, la escuela ejerce una forma de control subrepticia, cuando no claramente tortuosa sobre sus alumnos, a los que somete a más normas nada esenciales. La hipertrofia reglamentaria de los centros escolares puede degenerar fácilmente -como de hecho ocurrió durante la emergencia sanitaria- y, desde luego, no favorece un entorno escolar pacífico, en grave detrimento de la alianza escuela-familia y de la libertad de enseñanza.
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