El gobierno del Territorio de la Capital Australiana (ACT, por sus siglas en inglés) ha propuesto la absorción obligatoria del hospital católico Calvary de Canberra, lo que pone de manifiesto el creciente antagonismo político hacia las instituciones católicas y cristianas de Australia.
Esta acción requirió la presentación de un proyecto de ley y un cambio en la legislación, un paso sin precedentes en la historia de Australia. La ley estipula que el gobierno de ACT tomará el control del hospital el 3 de julio, incluso antes de concretar o emitir indemnización alguna.
Al parecer, la repentina y drástica medida está relacionada con la histórica postura del hospital a favor de la vida y su oposición a la eutanasia. Una reciente investigación del gobierno de ACT sobre el aborto y los derechos reproductivos consideró que el hospital era «problemático» debido a su marcado carácter religioso.
A pesar de la presentación de la absorción como una decisión administrativa, los críticos sostienen que las extraordinarias maniobras legislativas indican una animadversión más arraigada.
El líder de la oposición federal, Peter Dutton, criticó la absorción, describiéndola como un ataque ideológicamente motivado contra las instituciones religiosas. Del mismo modo, el padre Tony Percy, de la diócesis católica de ACT, calificó la medida de «fanatismo religioso a gran escala», advirtiendo que podría sentar un precedente para la confiscación por parte del gobierno de otras instalaciones de propiedad cristiana.
El arzobispo de Canberra, Christopher Prowse, expresó en una carta su conmoción por la noticia, expresando su preocupación por que tal intervención gubernamental pudiera suponer una amenaza para cualquier empresa religiosa. Además, Rob Norman, director del ACT del Lobby Cristiano Australiano, censuró la decisión «autoritaria», comparándola con una «toma de control de activos no gubernamentales al estilo soviético».
La adquisición pone de relieve dos importantes problemas sociales en Australia. En primer lugar, muestra un desprecio por la historia de Australia, en la que la Iglesia católica estableció muchas instituciones asistenciales, incluido el Calvario, sin ayuda gubernamental.
En segundo lugar, revela un concepto erróneo sobre la separación legal de Iglesia y Estado en Australia. Aunque la Constitución establece una cláusula de libertad religiosa, ésta sólo se aplica al gobierno de la Commonwealth y no a los Estados.
El ACT, como territorio, queda teóricamente bajo control federal, pero es poco probable que intervenga el gobierno laborista federal de izquierdas. Esto sugiere que los cristianos australianos que se aferran a sus posturas morales pueden encontrarse cada vez más en conflicto con el Estado.
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