La Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN ) en México es competente en materia civil y penal. Desde 2015, está presidida por la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, quien hoy, 20 de octubre, presentará a sus compañeros una solicitud para que un menor de edad pueda cambiar su acta de nacimiento para indicar su sexo percibido en lugar del sexo biológico detectado al nacer, en base en la identidad de género.
Este cambio, según la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe realizarse en el Registro Civil de la Ciudad de México directamente a través de un procedimiento administrativo, y no a través de la aprobación en juicio como lo indicaron previamente las autoridades que atendieron el caso, es decir, el juez de distrito competente.
En la actualidad, esta posibilidad ya se contemple para los mayores de 18 años, mientras que para los menores se prevé más bien un análisis detallado de la situación, en un procedimiento judicial que verifique y aclare las circunstancias y oportunidades. Los padres o tutores tampoco pueden solicitar la inscripción directa en el Registro sin un proceso civil.
Sin embargo, cuando el caso del niño llegó al Tribunal Supremo, la Presidente Piña Hernández decidió dar curso a la solicitud en base a que, en su opinión, el derecho a la identidad personal y en particular el derecho a la identidad de género estarían vinculados al derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que su reconocimiento por parte del Estado es de vital importancia para el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas trans».
Por lo tanto, el Presidente lo convierte en una cuestión de «derechos humanos» y la solicitud comenzó a ser examinada por los jueces del Tribunal el 13 de octubre.
Sin embargo, algunos de los principales defensores de la familia del país tienen una opinión diferente, como Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF), quien, en una rueda de prensa, destacó que la necesidad de un procedimiento judicial para resolver cuestiones tan delicadas nace directamente del deseo de proteger a los menores, desde el momento en que el Estado se encarga de garantizar el cumplimiento de ciertos requisitos definidos como esenciales, como «la opinión médica y la seguridad jurídica».
La SCJN también está en elcentro de la polémica por otra vulneración a la protección de la familia y de la vida naciente, de la que «iFamNews» ya se ha ocupado en parte: «[…] después de haberse pronunciado a favor de la despenalización del aborto en el Código Penal [dello Stato] de Coahuila el 7 de septiembre, y tras declarar inconstitucional la protección de la vida desde el momento de la concepción en el Estado de Sinaloa el pasado 9 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretendió limitar el derecho a la objeción de conciencia en la Ley general de salud».
En oposición a estas posiciones, se generó un amplio movimiento popular, con manifestaciones «A favor de la mujer y de la vida», en todo el país, con la participación de alrededor de un millón de personas, incluyendo 300.000 en la Ciudad de México.
Se acusa a la Suprema Corte de autoritarismo y de no respetar la voluntad y el sentir de los mexicanos: México, dice Mario Romo, Director General de la asociación pro-familia y pro-vida Red Familia , «sigue siendo un país democrático» donde, como resume y defiende el lema de la asociación, «La familia es la solución».
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