Los congresistas republicanos de EE.UU. presentaron una resolución en el Congreso para establecer una “Carta de Derechos de los Padres”, cuyo objetivo es reforzar los derechos de los padres en el sistema educativo público con un nuevo conjunto de normas federales que las escuelas tendrán que cumplir.
La resolución, que cuenta con 73 copatrocinadores republicanos, convertiría a los padres en participantes activos en la educación de sus hijos.
Según la promotora de la iniciativa, la congresista Julia Letlow, republicana de Luisiana, la resolución se basa en cinco principios fundamentales: los padres deben tener derecho a saber qué se enseña a sus hijos, a ser escuchados, a ver el presupuesto y los gastos de la escuela, a proteger la intimidad de sus hijos y a mantenerlos a salvo.
El presidente del Congreso, el republicano Kevin McCarthy, celebró una rueda de prensa con legisladores, padres y niños para promover y apoyar la resolución, afirmando que el aprendizaje a distancia durante la pandemia de COVID-19 ayudó a arrojar luz sobre los problemas del sistema educativo público estatal y las dificultades a las que se enfrentan los padres cuando intentan hacer oír su voz.
Muchos de los cambios previstos en la Resolución pretenden hacer más accesible la información a los padres, por lo que los distritos escolares deben publicar públicamente la información sobre los planes de estudios y las escuelas están obligadas a facilitar a los padres una lista de libros y otros materiales de lectura de la biblioteca escolar.
Los Estados deben hacer públicas todas las revisiones de las normas académicas o los parámetros de aprendizaje, y los centros escolares deben informar oportunamente a los padres cuando se eliminen los programas de talentos.
La resolución también exigiría la divulgación de los presupuestos de los distritos escolares y de cada escuela, incluidos ingresos y gastos.
Así mismo reforzaría el derecho de los padres a contribuir a la gestión del sistema escolar público. Crearía nuevos requisitos federales para que los consejos escolares se dirijan a los padres. También obligaría a los profesores a ofrecer a los padres al menos dos reuniones presenciales al año.
En Estados Unidos se está produciendo un gran retorno a la libertad de elección de escuela y, ya en 2023, los Estados se apresuran a hacer que esta libertad sea aún más respetada por los padres que, recordemos, tienen su derecho a la libertad de elección educativa protegido por diversas declaraciones y convenios internacionales.
El progreso en la elección de centro escolar en los últimos 30 años se asemeja a una función exponencial. A lo largo de la historia de la elección de escuela, las ampliaciones se han producido a través de cambios políticos lentos y graduales que han atraído poca atención nacional y han ampliado las opciones educativas a pequeños grupos de estudiantes.
Además, eran accesibles sobre todo a las familias con bajos ingresos y a los alumnos con necesidades especiales de aprendizaje. Impulsados por la indignación de los padres inducida por COVID-19, 24 Estados se han movilizado para crear, ampliar o mejorar los programas de elección de centro escolar, y a diez de ellos debemos prestar especial atención porque los posibles cambios legislativos también pueden ser muy interesantes para muchos países europeos y latinoamericanos.
Con demasiada frecuencia en las escuelas públicas estatales, los profesores y directores introducen y adoctrinan a los niños con doctrinas e ideologías contrarias a la moral religiosa (Lgbti) y contrarias a cualquier sentido común de la historia y las habilidades (cultura woke).
La libertad de elección educativa, que IOF siempre ha defendido, apoyado y difundido, es un derecho fundamental de los padres pero, permítanme, es también un sano refuerzo de esa sana competencia y diversidad que puede hacer florecer a la sociedad y al propio Estado. A menos que quieras imponer y volver a la sociedad soviética, gramsciana y totalitaria del siglo pasado…