Un tribunal federal de apelaciones ha despejado temporalmente el camino para que la administración Trump haga cumplir una ley que bloquearía los fondos de Medicaid a Planned Parenthood y entidades similares. La decisión levanta una orden judicial de un tribunal inferior, permitiendo que el recorte de fondos continúe mientras continúan los desafíos legales.
La restricción de financiación proviene de la “Ley de un Gran Proyecto de Ley Hermoso”, aprobada por el Congreso y promulgada, que prohíbe a las organizaciones exentas de impuestos que realizan abortos recibir reembolsos de Medicaid. La ley se aplica durante un año y se dirige a las organizaciones que, en 2023, recibieron más de 800.000 dólares en pagos de Medicaid.
Como resultado de la restricción de financiación, hasta 200 de las casi 600 clínicas de Planned Parenthood podrían verse obligadas a cerrar.
En julio, la jueza de distrito de EE. UU., Indira Talwani, emitió una orden judicial preliminar, diciendo que la ley probablemente viola la Constitución al señalar a los proveedores de abortos como una “declaración de culpabilidad”. Sin embargo, el panel de la corte de apelaciones revocó el bloqueo de Talwani, y determinó que se debe permitir que la administración haga cumplir la ley mientras continúa el litigio.
La administración Trump se mantiene firme en que los dólares de los contribuyentes no deben apoyar a las organizaciones que realizan abortos electivos. La continua batalla legal tendrá importantes ramificaciones a favor o en contra del movimiento pro-vida. Si se mantiene la restricción, el mayor proveedor de abortos de la nación, Planned Parenthood, se verá significativamente obstaculizado en su promoción de los males del aborto.
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