No hizo falta ni un mes para que el gobierno de Lula empezara a atacar las iniciativas en defensa de las mujeres embarazadas y de las vidas concebidas. Fieles a su intención de legalizar el aborto en el país y sabiendo que la sociedad brasileña repudia esta práctica y que sería improbable que el Congreso Nacional aprobara una legislación de este tipo, los ministros de Lula están bien empeñados en anular todo lo que pueda ser un obstáculo para el aborto libre en cualquier circunstancia.
El Gobierno liderado por el socialista Lula da Silva, compuesto por formaciones políticas de izquierda y apoyado por una parte del poder judicial, ha decidido dar la primera señal de «cambio» respecto al anterior Ejecutivo liderado por el conservador cristiano Jair Bolsonaro.
Pues bien, en apenas unos días, Lula y sus ministros retiraron a Brasil de la Declaración del Consenso de Ginebra y suprimieron las normas restrictivas contra la violación y el aborto, dos decisiones que habían caracterizado al Gobierno de Bolsonaro.
Los Ministerios de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC), Asuntos de la Mujer, Sanidad y Asuntos Exteriores anunciaron su decisión de desvincularse de la Declaración de Consenso de Ginebra en una nota oficial conjunta porque, según dijeron, «este documento contiene una concepción limitadora de los derechos sexuales y reproductivos y del concepto de familia».
El ejecutivo de Lula, por su parte, quiere, sigue diciendo la nota, «…promover la garantía efectiva y completa de la salud de la mujer (es decir, aborto)…así como el pleno respeto a las diferentes configuraciones familiares (uniones/matrimonios LGBTI)».
Fue la ministra de Salud, Nísia Trindade, quien derogó la ordenanza del gobierno de Bolsonaro que establecía las obligaciones de los servicios de salud frente a la policía en casos de violación y violencia.
Una elección que hará más difícil investigar a los culpables y más fácil, en cambio, practicar abortos en casos no permitidos por la ley, con falsas acusaciones de violación. Uno de los próximos objetivos a atacar debería ser la «Guía Sanitaria» para médicos, que define que el aborto en los casos previstos por la ley debe realizarse hasta la semana 21 de gestación, ya que tras el inicio de la semana 22 ya existe la posibilidad de vida extrauterina.
Luego vendrán, presumiblemente, la legalización del teleaborto y la venta obligatoria de píldoras abortivas en farmacias, como aprobó recientemente Biden.
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