El año pasado, el 16 de septiembre, Queensland se convirtió en el quinto estado de la federación australiana en legalizar la muerte asistida voluntaria (VAD), con 60 votos en el parlamento frente a 29. En Australia, sólo el estado de Nueva Gales del Sur no lo ha hecho todavía, pero incluso allí el parlamento está estudiando la posibilidad de modificar su legislación sobre el final de la vida para hacer posible el uso de un ADV.
En Queensland, por su parte, la nueva ley entrará en vigor en enero de 2023 y legaliza el «suicidio asistido» para las personas mayores de edad que padezcan una enfermedad avanzada, progresiva y terminal y cuya muerte natural se prevea en un año. La ley también exige que tengan plenas facultades mentales y que sean examinados por dos médicos. También deben solicitar formalmente la muerte asistida tres veces en el transcurso de al menos nueve días.
Sin embargo, a pesar del júbilo de las asociaciones pro-VAD, de los parlamentarios a favor y de la Primera Ministra, Annastacia Palaszczuk, que está abiertamente a favor del «suicidio asistido», las cuestiones que plantea esta legislación son numerosas y cruciales.
Por ejemplo, un informe publicado en diciembre por el Instituto Australiano de Estudios sobre la Familia (AIFS), un organismo gubernamental australiano, y también publicado el 12 de enero por Australian Care Alliance, una organización creada en 2018 y formada por profesionales sanitarios, abogados y activistas, para oponerse a cualquier práctica de eutanasia en el país, pone de manifiesto un asunto que aún no se había considerado con la gravedad adecuada.
Las personas mayores de Australia sufren cada vez más abusos. Una de cada seis personas mayores afirma haber sufrido abusos en los últimos doce meses.
Abuso físico, abuso psicológico, abuso financiero. Los malos tratos se producen muy a menudo en el seno de la familia, principalmente por parte de los hijos varones adultos, con la connivencia de sus parejas, sobre todo por motivos económicos.
Abusos de los que estas personas frágiles y vulnerables se avergüenzan y, por tanto, tienden a mantener ocultos, también para no crear dificultades a sus hijos, aunque sean sus verdugos.
No es difícil imaginar el resignado estado de ánimo con el que estos ancianos pueden considerar el «suicidio asistido», como un mal menor, como una forma de acabar con el sufrimiento, a una edad en la que toda la sociedad repite y subraya constantemente la poca dignidad que tienen sus vidas.
«El perfil de edad de la población australiana es cada vez más viejo», dice el informe de la AIFS, que añade que se espera que el grupo de edad de 65 años o más crezca de 3,8 a 8,8 millones en los próximos 25 años».
El número de personas mayores aumenta, los cuidados paliativos eficaces requieren la asignación de fondos considerables, las próximas generaciones esperan con cínica impaciencia la herencia de sus abuelos.
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