Los líderes de Europa del Este se han resistido firmemente a un reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que exige el reconocimiento de los denominados «matrimonios entre personas del mismo sexo» celebrados en otros Estados miembros de la UE, considerándolo una extralimitación flagrante de la soberanía nacional y el derecho de familia. Esta decisión, que prioriza las agendas ideológicas sobre los valores tradicionales, ha suscitado críticas generalizadas por parte de figuras conservadoras de Polonia y Lituania, que argumentan que socava los principios fundamentales del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.
Tal rechazo pone de relieve una creciente defensa de la integridad cultural y moral contra las intromisiones de Bruselas. El caso se originó con dos ciudadanos polacos que contrajeron una unión entre personas del mismo sexo en Alemania en 2018 y solicitaron su inscripción en Polonia, solo para ser denegada con razón en virtud de la legislación nacional que no reconoce tales acuerdos. Un tribunal polaco remitió el asunto al TJUE, que en noviembre dictaminó que negarse a reconocer el estado civil viola las libertades de circulación de la UE y los derechos a la vida privada y familiar. Esta interpretación tergiversa los derechos definidos en términos generales para imponer políticas uniformes a las naciones, sin tener en cuenta las disposiciones explícitas de los tratados de la UE que reservan los asuntos familiares a los Estados miembros.
Voces prominentes han condenado el fallo como un ataque a la democracia y la identidad nacional. Olivier Bault, de Ordo Iuris, lo calificó de «otra extralimitación más», subrayando que la Constitución de Polonia, que define el matrimonio de forma heterosexual, tiene prioridad sobre las interpretaciones de la UE, una postura de la que se hacen eco los tribunales superiores de varios otros países. El ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki lo denunció como una injerencia inaceptable, similar a la imposición de políticas de drogas a través de las fronteras, mientras que el eurodiputado Tobiasz Bocheński lo calificó de «ataque al Estado de Derecho».
Esta controversia subraya las tensiones más amplias dentro de la UE, donde las naciones conservadoras del Este se resisten a la erosión de los estándares morales en medio de las presiones progresistas. A medida que surgen desafíos similares en Europa Central y del Este, donde los acuerdos entre personas del mismo sexo siguen sin ser reconocidos, este fallo corre el riesgo de intensificar los debates sobre los límites de la autoridad de la UE y la preservación de las estructuras familiares auténticas.
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