Un tribunal federal de distrito en el Distrito Este de Pensilvania emitió un fallo sorprendente el 14 de agosto de 2025, poniéndose del lado de Nueva Jersey y Pensilvania en una larga batalla legal contra las Hermanitas de los Pobres, una orden católica romana de monjas que sirven a los ancianos pobres.
La juez Wendy Beetlestone, nombrada por el ex presidente Barack Obama, declaró que las exenciones religiosas y morales de la era Trump al mandato anticonceptivo de la Ley de Asistencia Asequible quedaban «anuladas en su totalidad», tachándolas de «arbitrarias y caprichosas» en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Esta decisión amenaza a la orden con millones de dólares en multas a menos que cumplan con una cobertura que viola sus convicciones religiosas profundamente arraigadas.
Este fallo contrasta fuertemente con las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de EE.UU. en 2020.
En el caso Little Sisters of the Poor Saints Peter and Paul Home contra Pennsylvania, el Alto Tribunal, en una decisión de 7-2, afirmó que los departamentos federales poseían la autoridad para promulgar esas mismas exenciones y que el proceso cumplía con la APA.
Tenaz y justificado, el Tribunal Supremo defendió la validez constitucional y legislativa de las protecciones basadas en la conciencia de las Hermanas, sólo para que ahora este fallo inferior socave abruptamente esa afirmación judicial.
La injusticia es vívida:
Tras casi una década de litigios y dos victorias del Tribunal Supremo, las Hermanitas se enfrentan ahora a un nuevo peligro legal para su libertad religiosa porque un juez afirma que la administración se extralimitó, a pesar de que el Tribunal Supremo les concedió la autoridad y la legitimidad procesal que merecen.
Las sentencias del Tribunal no eran hipotéticas: eran definitivas, conferidas y deberían proteger a las Hermanitas de nuevos castigos. Sin embargo, el tribunal de distrito ha anulado esencialmente las exenciones de ámbito nacional que el Tribunal Supremo defendió explícitamente.
Mark Rienzi, presidente del Fondo Becket para la Libertad Religiosa y abogado principal de las Hermanitas, arremetió con razón contra la sentencia del tribunal de distrito, calificándola de «esfuerzo desmedido de Pensilvania y Nueva Jersey para atacar a las Hermanitas y la libertad religiosa».
Lamentó cómo el tribunal eludió las obvias cuestiones constitucionales y cómo negó a las Hermanitas el debido proceso tras cinco largos años sin concederles siquiera una audiencia.
Es manifiestamente injusto obligar a estas abnegadas mujeres -que han dedicado su vida a cuidar de los más vulnerables de la sociedad- a participar en un mandato al que se han opuesto sistemáticamente -y con éxito en el más alto tribunal- por motivos de conciencia.
A pesar de este duro golpe, las Hermanitas se han comprometido a apelar. Como afirmaron en sus propias palabras «Lucharemos hasta donde haga falta para proteger el derecho de las Hermanitas a cuidar a los ancianos en paz».
La madre Loraine Marie Maguire subrayó su misión: «Dedicamos nuestras vidas a cuidar de los ancianos pobres hasta que Dios los llama a casa», y «rezamos para que Pensilvania y Nueva Jersey pongan fin a este acoso innecesario».
Su resistencia ante este nuevo asalto a la libertad religiosa es tan justa como necesaria.
Discussion about this post