La fiscalía escocesa ha retirado todos los cargos contra Rose Docherty, de 75 años, la abuela que se convirtió en la primera detenida en virtud de la nueva ley de “zonas de seguridad” del país. Fue detenida en febrero por permanecer en silencio ante el Hospital Universitario Queen Elizabeth de Glasgow mientras sostenía un cartel en el que se leía: “La coacción es un delito, aquí para hablar, sólo si quieres”.
La ley, conocida formalmente como Ley de Servicios de Aborto, entró en vigor en septiembre de 2024 y restringe las protestas o la influencia a menos de 200 metros de las instalaciones que ofrecen servicios de aborto. Docherty fue acusada de intentar influir en las personas que solicitaban o prestaban esos servicios, aunque ella ofrecía ayuda, no coacción.
Tras una cuidadosa revisión, la Oficina de la Corona y el Servicio Fiscal anunciaron que no seguirían adelante con el caso. Se retiró la advertencia formal emitida contra Docherty y las autoridades acordaron devolverle su señal. Sin embargo, los fiscales señalaron que se reservaban el derecho de volver a examinar el asunto en el futuro.
Expresando su alivio, Docherty calificó la decisión como una victoria más amplia para quienes valoran el diálogo pacífico. “Es una victoria no sólo para mí, sino para todos los que en Escocia creen que debemos ser libres de mantener una conversación pacífica”, dijo, añadiendo que “criminalizar la amabilidad no tiene cabida en una sociedad libre”. El asesor jurídico Lorcan Price, de ADF International, se mostró de acuerdo, advirtiendo de que las leyes sobre las zonas barrera corren el riesgo de convertirse en herramientas para silenciar la expresión no conflictiva.
El caso ha llamado la atención internacionalmente. El Departamento de Estado de EE.UU. elogió la decisión de Escocia, afirmando que “aplaude la sensata decisión de Escocia de abstenerse de emprender nuevas acciones legales” y reafirmó su apoyo a la libertad de expresión y religiosa. El resultado pone de relieve la tensión entre la política pública y los derechos individuales, y plantea interrogantes sobre la extralimitación de las nuevas normativas sobre zonas barrera.
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