En 2007 Marina de los Ángeles Portillo mató a su hija recién nacida estrangulándola con una media que apretó sobre la boca y las fosas nasales, y una segunda apretada alrededor del cuello. Así lo dictaminó la justicia de El Salvador, que condenó a la mujer a 35 años de prisión.
El 25 de junio se le concedió la libertad condicional tras 14 años entre rejas y, por tanto, al amparo de la legislación penal del país salió de la cárcel.
En 2011 la hija de Sara Rogel fue encontrada enterrada en el patio de su casa, 49 horas después de su nacimiento, muerta por un golpe con un objeto contundente. Según el informe de investigación de la fiscalía general de El Salvador, la mujer fue condenada a 30 años de prisión por asesinato con agravantes.
El 31 de mayo Sara Rogel también obtuvo la libertad condicional tras 10 años de prisión.
Los medios de comunicación internacionales ofrecen interpretaciones muy diferentes de estos dos casos, contradiciendo a la agencia de prensa en español ACI Prensa y otras fuentes locales. Es decir, las dos mujeres serían condenadas a prisión por haber abortado. Incluso, según la CNN, El País y France 24, Rogel habría sido declarada «culpable» de un aborto espontáneo.
Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presidido por la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, intervino en favor de Marina Portillo.
Como dijo a ACI Prensa Sara Larín, fundadora de la organización pro-vida Fundación VIDA SV en El Salvador, la OACDH afirma que en el caso de Portillo «[…] se trató de una complicación obstétrica, cuando en realidad el recién nacido fue encontrado estrangulado».
La razón por la que el Alto Comisionado miente, según Larín, radica en el fuerte giro abortista que querría imprimir a la legislación del país de la mano del lobby pro-abortista, respaldado, como es el caso, por la «cadena» de clínicas abortistas Planned Parenthood, y que en el caso de Rogel incluso pusieron el grito en el cielo contra una condena injusta por lo que llaman «un aborto debido a una caída accidental», como afirmó en un tuit el activista pro-aborto Alberto Romero de Ur. Incluso en este caso, dice Sara Larín, sería una rotunda mentira.
En El Salvador, por otro lado, existe un movimiento llamado Las17+, también apoyado por celebridades de fama mundial, que dice luchar por la libertad de las 17 mujeres encarceladas en el país por, según dicen, «aborto o aborto involuntario». Sin embargo, según lo recogido y comprobado por VIDA SV, en todos esos casos, como en el de Marina Portillo y Sara Rogel, los infanticidios son perpetrados por las propias madres.
El aborto es ilegal en El Salvador, y las mujeres que recurren a él se arriesgan a una condena de entre dos y ocho años de prisión, pero los jueces suelen imponer penas alternativas a la cárcel, y en la actualidad, según Larín, no hay ninguna mujer en prisión por este motivo.
La OACDH, sin embargo, dice VDA SV, «pide al gobierno salvadoreño que continúe con la revisión de los casos en los que las mujeres son encarceladas por delitos relacionados con emergencias obstétricas y que armonice la legislación sobre el aborto con las normas de derechos humanos para evitar más condenas de prisión.»
En definitiva, alguien tiene todo el interés en que El Salvador, al igual que otros países del área iberoamericana, legalice el aborto, y para ello vale cualquier medio: si la realidad no se ajusta a la voluntad del lobby, basta con cambiar la realidad.
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