El presidente del Tribunal Constitucional español es acusado de prevaricación en la deliberación de la ley del aborto

REMITIDO. Abogados Cristianos se querella contra Conde-Pumpido y pide al Supremo que suspenda el pleno del Constitucional en el que se delibera sobre el aborto

Madrid 8 de febrero de 2023

La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta una querella contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por un presunto delito de prevaricación.

La organización de juristas acusa al magistrado de no permitir la abstención de la magistrada, Concepción Espejel, en la deliberación sobre la Ley del Aborto. Espejel había solicitado apartarse al haber sido miembro del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), órgano que redactó un informe sobre la ley.

La Fundación de abogados denuncia además que Conde-Pumpido tendría que abstenerse de deliberar sobre el aborto puesto que era fiscal general del Estado en el momento de la tramitación de la Ley y ya se pronunció a favor de la misma.

Abogados Cristianos solicita al Tribunal Supremo medidas cautelarísimas por la vía penal para que suspenda el pleno en el que se delibera sobre el aborto hasta que se esclarezca esta situación.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, “el deterioro que está padeciendo nuestro estado de Derecho es tan alarmante que nos vemos obligados a solicitar la actuación del Tribunal Supremo y de la Comisión Europea por el grave riesgo de convertirnos en un estado fallido”.

Abogados Cristianos recuerda que hay jurisprudencia europea que avala su postura. Se hace eco de una sentencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) que señala que “si hay riesgo de que el juez sea parcial, la obligación del demandante de recusar al juez se equilibra con la responsabilidad del juez de abstenerse en el asunto antes del inicio del juicio”. Además, en otra sentencia asegura que “la justicia no sólo tiene que aplicarse, sino que también tiene que aparentar que se administra. Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos de una sociedad democrática”. 

Castellanos recuerda además que “hace poco fue el propio Tribunal Constitucional el que suspendió una votación en el Senado porque se iba a hacer algo ilegal en la reforma dirigida a acelerar su renovación”.

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