La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta una denuncia ante la Comisión Europea contra el Tribunal Constitucional español y tres de sus magistrados: Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Juan Carlos Campo.
Considera que los tres deberían abstenerse en la deliberación sobre la ley del aborto por haber participado de forma directa o indirecta en la elaboración de la misma.
La organización de juristas denuncia que la no abstención de dichos magistrados supone una violación del Artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01). Considera que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
Según Abogados Cristianos, se trata de un caso manifiesto de prejuzgamiento por parte de los magistrados, que ya han conocido del asunto que se les encomienda y sobre el que ya han dado su opinión.
La Fundación de abogados solicita a la CE la apertura de un procedimiento formal de infracción contra España. Insta a la institución comunitaria a solicitar información al Tribunal Constitucional en referencia a su composición y a dar traslado al Tribunal de Justicia de la UE para el esclarecimiento de los hechos.
El portavoz de Abogados Cristianos, José María Fernández, asegura que “estos hechos ponen en evidencia la falta de independencia de la justicia en España y la justicia europea debe pronunciarse sobre esta situación”.
La organización de juristas presenta además un informe jurídico sobre el borrador de sentencia del aborto que se ha filtrado recientemente.
Según el informe, “de salir adelante dicho borrador, supondría un cambio irreversible frente a la anterior sentencia del Constitucional puesto que deja de proteger la vida del no nacido como un bien jurídico”. Además, confirmaría que “en estos 13 años las mujeres no han recibido información veraz y suficiente sobre el aborto, tal y como ya aseguró el Supremo”.
El informe también destaca que “el borrador de la sentencia confirmaría que cientos de trabajadores han visto vulnerado durante todo este tiempo el derecho a la objeción de conciencia”. Y denuncia que “el texto no entra a valorar asuntos tan importantes como el aborto por discapacidad, algo que va en contra de la Convención para los derechos de las personas con discapacidad, o el consentimiento en el caso de menores de edad”.
https://drive.google.com/file/d/1hF38dA2p98R5wB6HdiaHFxpQDFtOcG7L/view?usp=drivesdk
Denuncia Comisión europea
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