Nathan Barbieri, estudiante de segundo curso de la Facultad de Empresariales de la Universidad Estatal de Michigan, presentó una demanda contra su antiguo profesor de empresariales, afirmando que sus creencias cristianas le inspiraron a actuar.
A Barbieri le resultaba inquietante que el dinero de su matrícula se destinara a organizaciones con las que no estaba de acuerdo, como Planned Parenthood. «Para mí, como cristiano, es nuestra vocación. Se supone que debemos denunciar las cosas malas que ocurren y no quedarnos sentados y… que abusen de nosotros. Ese es nuestro trabajo», dijo durante una entrevista con Fox News Digital.
La acusada en este caso es Amy Wisner, ex profesora de marketing empresarial en la Universidad Estatal de Michigan que se identifica como «feminista interseccional».
La Universidad confirmó que Wisner ya no es empleada allí, un hecho que también se refleja en su página de Instagram. Wisner y Barbieri son las partes implicadas en una demanda presentada por Alliance Defending Freedom (ADF), organización jurídica comprometida con la protección de la libertad religiosa y los derechos de la Primera Enmienda.
El quid de la demanda gira en torno a la insistencia de Wisner en que cada uno de sus 600 alumnos pague una cuota de 99 dólares para ser miembro de «La Comunidad de la Rebelión». Este pago obligatorio, según la demanda, podría haber recaudado colectivamente hasta 59.400 dólares para la entidad.
Según Wisner, «La Comunidad de la Rebelión» era una plataforma diseñada para organizar esfuerzos que desafiaran los sistemas opresivos. Un post en su página de Facebook confirmó que todas las cuotas de afiliación se destinaban a Planned Parenthood y organizaciones similares.
Aunque la escuela de negocios de la Universidad reembolsó a los estudiantes sus contribuciones a «La Comunidad de la Rebelión», Barbieri insistió en que no era suficiente. «Yo financié eso. Y hasta que no se recupere ese dinero, hasta que no salga de las manos del profesor, seguirá en manos de Planned Parenthood, o seguirá yendo a parar a una organización poco ética», afirmó.
Además de una compensación económica, la demanda también pretende que se introduzca un cambio de política en la universidad que impida incidentes de este tipo en el futuro.
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