Correos electrónicos recién publicados revelan que el Departamento de Justicia y el FBI de Biden colaboraron con la Federación Nacional del Aborto (NAF) para atacar a activistas provida con el pretexto de hacer cumplir la ley federal. La correspondencia, obtenida por la Functional Government Initiative, muestra una “maravillosa relación” en la que la NAF ayudó a dar forma a las investigaciones y a coordinar las acciones legales.
En un mensaje de enero de 2023, el gerente de seguridad de la NAF, Robert Ledogar, se puso en contacto con los líderes del Departamento de Justicia para solicitar una reunión y señaló que la NAF ya había participado en múltiples investigaciones de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE), trabajando junto con fiscales federales y el FBI en estados como Tennessee, Florida, Virginia, California, Nueva York, Maryland y Carolina del Norte. Elogió la “orientación” de los funcionarios del Departamento de Justicia como “excelente” y citó a abogados específicos de la División de Derechos Civiles con los que la NAF se había coordinado.
Esa asociación plantea preguntas alarmantes sobre la imparcialidad. Bajo la administración Biden, manifestantes provida pacíficos —incluidos cristianos devotos y personas de edad avanzada— se han enfrentado a arrestos, procesamientos e incluso penas de prisión en virtud de la aplicación de la FACE. Las pruebas sugieren que el Departamento de Justicia no se limitó a aplicar la ley de forma neutral, sino que concedió a una organización de defensa del aborto una influencia indebida sobre qué casos presentar y cómo.
Un intercambio de correos electrónicos muestra que los líderes del Departamento de Justicia no tuvieron reparos en reunirse con la NAF. Se le preguntó a Kristen Clarke (entonces Fiscal General Adjunta para los Derechos Civiles) si la Sección Criminal “tenía alguna preocupación” sobre una reunión con Ledogar; un adjunto de la Sección Criminal respondió que “CrimeSec no tiene ninguna preocupación”. Este rechazo subraya una preocupante alineación entre el Departamento de Justicia de Biden y los intereses del aborto.
Bajo la administración Trump, por el contrario, el Departamento de Justicia declaró que limitaría los procesamientos de la FACE a actos que implicaran violencia significativa o daños a la propiedad y prometió no interferir en la defensa provida. Los correos electrónicos recién revelados exponen cómo, bajo la administración Biden, el poder federal se utilizó para suprimir la disidencia en lugar de aplicar la ley de manera justa.
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