Actualización del viernes 10 de septiembre de 2021 – Ha ocurrido lo que se temía. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha interpuesto una demanda al Estado pro-vida de Texas para reiterar y reimponer la «cultura de la muerte«. Todos los argumentos expuestos anteriormente, que pueden leerse a continuación, no solo siguen siendo válidos, sino que son realmente intimidatorios.
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El Secretario de Justicia de los Estados Unidos de América, Merrick Garland (el mismo al que el presidente Barack Obama quería nombrar miembro del Tribunal Supremo Federal), está considerando demandar al Estado de Texas por la brillante ley que salva vidas, la SB 8, que el Estado de la Estrella Solitaria promulgó el 1 de septiembre, con la luz verde por parte del Poder Judicial del Tribunal Supremo del país, pero que un juez oscurantista ya ha bloqueado.
Dio la noticia en primiciaThe Wall Street Journal el jueves 9 de septiembre, y Politico.com la confirmó seguidamente. La lógica del ministro Garland es que la ley de Texas interferiría con los intereses del gobierno federal.
La ley de Texas prohíbe el aborto desde el momento en que se percibe el latido del corazón del feto en el vientre materno, lo que suele ocurrir en torno a la sexta semana de vida del bebé. La ley SB8 permite a las personas demandar a quienes realizan o contribuyen a los abortos, dando a los tejanos un poder directo que se quita a los funcionarios del gobierno estatal y a los administradores locales. En definitiva, una hermosa medida de verdadero empoderamiento ciudadano que ruborizaría al dios de la democracia, pero no a Garland ni a la Casa Blanca de Joe Biden y Kamala Harris.
Es una cosa de este tipo, precisamente, lo que la actual Administración no estará dispuesta a tolerar: que se le arrebate el poder sobre la muerte de sus propios ciudadanos no nacidos, que al pasar a manos de los ciudadanos y las familias se convierte en una opción por la vida.
Pero esto representa un giro copernicano en la estructura constitucional estadounidense, en la que el poder pasa de los ciudadanos al gobierno federal, y no a la inversa, según una pirámide que discurre subsidiariamente por todos los diferentes niveles de gobierno local.
La Constitución de EE.UU. comienza con las proverbiales palabras «We the People», «Nosotros el Pueblo». Pero también «Nosotros, las personas»: son los ciudadanos quienes ostentan el poder político, quienes eligen si delegan partes del mismo en los diferentes escalones de la pirámide hasta llegar al gobierno federal y cómo lo hacen. Sus prerrogativas y su soberanía están garantizadas de forma irrevocable por la Carta Magna de Derechos, que es una parte integrante de la ley fundamental del país. El gobierno estadounidense depende de sus ciudadanos, no al revés.
Decir, por tanto, que una ley aprobada de forma ordinaria y democrática por un Estado de la Unión viola los intereses federales -cuando es precisamente la ley aprobada por los tejanos la que garantiza los intereses de los ciudadanos frente a las intromisiones del gobierno federal- es una idea puramente anti americana. El hecho de que un ministro que es a la vez un antiguo juez esté a punto de hacerlo, representa un acto de violencia sin precedentes.
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