La Cámara de los Comunes aprobó finalmente el proyecto de ley que crea zonas de seguridad frente a hospitales y clínicas abortistas del Reino Unido. Amplios poderes discrecionales a la policía, incluso se castigan las conversaciones consentidas y las oraciones silenciosas.
Los ciudadanos del Reino Unido se dieron cuenta de que el país ha virado hacia un régimen similar al descrito en 1984, de G. Orwell: puedes ir a la cárcel no sólo por lo que dices, susurras o rezas, sino también por lo que piensas. La perspectiva de la amenaza de ser condenado por «delitos de pensamiento» es un peligro real.
Ya está claro que el controvertido y antidemocrático Proyecto de Ley de Orden Público (POB), votado por una clara mayoría en la Cámara de los Comunes, golpeará duramente las libertades democráticas, las religiosas en particular.
Tal vez el POR, que otorga a la policía «poderes adicionales para reprimir comportamientos» que causen «molestias, acoso, alarma o angustia» pueda parecer inofensivo. Pero, en realidad, el proyecto de ley, destinado a endurecer las leyes contra las protestas violentas que han caracterizado recientemente al Reino Unido, también ha sido muy explotado por los políticos abortistas para reprimir al movimiento provida y censurar las libertades fundamentales y las opciones alternativas al aborto.
La parte más controvertida y debatida del POR es la cláusula 10, que introduce «zonas de seguridad» en un radio de 150 m alrededor de cada centro abortista de Inglaterra y Gales. Una legislación draconiana tipifica como delito -castigado con multas de cien a mil libras e inscripción en el registro de antecedentes penales- ejercer cualquier forma de influencia fuera de un centro abortista.
Las acciones que podrían percibirse como «influyentes» incluyen la participación en conversaciones relacionadas con el aborto, aunque sean consentidas, y las oraciones silenciosas.
Irónicamente, los poderes otorgados por el POB son tan influyentes que no sólo ahogan el modesto apoyo provida que aún existe en el Reino Unido, sino que también deshacen los cimientos democráticos que una vez hicieron grande a Gran Bretaña: libertad de religión, libertad de movimiento, libertad de expresión y libertad para protestar pacíficamente.
Por primera vez en la historia moderna británica, precisamente para impedir que la gente mantenga conversaciones consentidas sobre el delicado tema del aborto, el Parlamento ha otorgado a la policía amplios poderes legales para acusar y condenar a personas por sus pensamientos y el contenido de sus discursos en estas zonas de seguridad, pensamientos y discursos que en cualquier otra parte del país serían totalmente legítimos.
La votación se produjo justo un día después de que Isabel Vaughan-Spruce, católica y codirectora de March for Life UK, fuera detenida por segunda vez por rezar en silencio cerca de la clínica BPAS Robert en Kings Norton, Birmingham, en virtud de una orden de protección del espacio público.
Isabel había sido absuelta apenas tres semanas antes por el Tribunal de Magistrados de Birmingham junto con el padre Sean Gough un sacerdote de Wolverhampton que también había rezado en silencio ante la misma clínica, mostrando un cartel en el que se leía «Rezando por la libertad de expresión».
A partir de ahora, los ciudadanos británicos tendrán que pagar un «impuesto» si quieren rezar en estas «zonas de seguridad». Cinco relatores especiales de la ONU han expresado su seria preocupación por que el proyecto de ley reduzca los derechos humanos, entre ellos el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Amnistía Internacional ha hecho comparaciones con las políticas represivas de Rusia y Bielorrusia. Pero, ¿no estaba Londres en contra de Moscú y Minsk, capitales de regímenes autoritarios y antidemocráticos?
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