Un hombre casado en Filadelfia ha presentado una demanda por negligencia, alegando que los proveedores médicos lo coaccionaron para someterse a terapia hormonal y a una cirugía de transición de género irreversible sin el consentimiento adecuado. El demandante, Andrew Razny, alega que en 2017, tras una breve consulta de 20 minutos, fue diagnosticado con disforia de género e inmediatamente sometido a tratamiento hormonal, con poca evaluación psiquiátrica o valoración de problemas subyacentes.
Con el tiempo, Razny dice que sus médicos lo animaron a someterse a una intervención quirúrgica, a pesar de que expresó objeciones y pidió explícitamente hablar con su esposa, Amanda, antes de seguir adelante. Afirma que los proveedores le aseguraron que los procedimientos serían seguros y reversibles, a pesar de la creciente evidencia de que muchas de estas cirugías son permanentes y conllevan graves riesgos.
La demanda, presentada el 3 de septiembre en el Tribunal de Causas Comunes de Filadelfia, nombra a tres instituciones sanitarias y a la Dra. Kathy Rumer como demandados. Según la demanda, Razny sufrió “graves daños físicos, emocionales y relacionales”, incluyendo cambios corporales duraderos, pérdida de empleo, traumas y daños a la vida familiar. El equipo legal busca una indemnización por daños y perjuicios, así como reformas sistémicas para evitar casos similares en el futuro.
En representación de Razny, el bufete de abogados Keller Postman advierte que las instituciones en las que antes se confiaba para el cuidado de pacientes vulnerables se están convirtiendo, en efecto, en “fábricas de transición”, lugares que empujan a los pacientes a intervenciones médicas radicales e irreversibles sin una exploración suficiente de alternativas. Argumentan que se ignoró el consentimiento informado, que se silenciaron las dudas de Razny y que se incumplieron las normas éticas.
Este caso es emblemático de un problema más amplio: sistemas médicos presionados por corrientes ideológicas que priorizan la afirmación de la identidad de género sobre la cautela, el debido proceso y la seguridad del paciente. El caso Razny subraya por qué las leyes y los reglamentos deben proteger contra la medicalización apresurada, garantizar una evaluación psiquiátrica completa y proteger a los pacientes, especialmente a los jóvenes o a las personas vulnerables, de la coacción para someterse a procedimientos que alteran la vida y de los que luego se arrepentirán.
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