Un 30% de los relatores especiales de la ONU están financiados por entidades privadas como la Fundación Ford o la Open Society de George Soros. Un 40% reciben financiación directa extrapresupuestaria de algunos estados. Son las principales conclusiones de un estudio elaborado por el Centro para la Ley y la Justicia con sede en Estrasburgo.
El informe analizó los estados financieros del Alto Comisionado y de los relatores especiales así como de estados, fundaciones y empresas. Además, envió un cuestionario a los 121 relatores entre 2015 y 2019 y se entrevistó con 28 de ellos durante una hora.
Concluyeron que el 40% -51 de los 121 expertos- recibe financiación extrapresupuestaria de estados, fundaciones o empresas. A los 68 millones de presupuesto oficial hay que sumar los 20 millones aportados por estados -principalmente Holanda, Alemania y Estados Unidos- y los 14,6 millones de empresas y fundaciones, principalmente Fundación Ford y la Open Society y sus satélites.
Además, 36 de los 121 relatores especiales recibieron ayuda en especie en forma de despacho y equipo, principalmente de las universidades de Nueva York, Washington y Essex. Un 30% de los relatores -37 de los 121- reconocieron recibir financiación directa de 134 fuentes, un dinero no supervisado ni controlado por Naciones Unidas que prefiere lavarse las manos ante esta realidad: “no nos oponemos a que los relatores busquen financiación alternativa para desarrollar su función”. Y eso a pesar de que en 2007 se estableció que los relatores deben de ser elegidos en función de su “imparcialidad, objetividad e integridad”…
Para muchos relatores entrevistados esta práctica supone la “privatización” de Naciones Unidas. Otros hablan directamente de “corrupción”. Todos reclaman más transparencia y menos opacidad en la financiación extraparlamentaria. Porque obviamente quien paga, manda. “Nadie financia gratis”, dice un relator que prefiere ocultar su nombre. No sólo dirigen, enmarcan o influyen, sino que en ocasiones exigen rendición de cuentas si quieren seguir manteniendo la financiación, explica otro relator.
Los efectos políticos de esta financiación son evidentes. El informe señala como el relator contra la tortura Juan Méndez recibió 90.000 dólarfes de la Universidad de Washington -financiada por la Open Society de George Soros- para concluir que el trabajo doméstico era una forma de tortura.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex (Gran Bretaña) -también financiada por Soros- reconoce abiertamente ser “una voz dominante para el cambio”. Financió un estudio del relator especial para la Libertad Religiosa, Ahmed Shaheed en la que censuraba la islamofobia y criticaba la objeción de conciencia con el aborto. La zorra al cuidado de las gallinas… gracias al talonario de Soros.
El informe también revela que la Open Society financió con 100.000$ al relator especial para la Salud en el 2017 y con otros 370.000 en el 2019. El relator, Mr. Puras, sólo declaró 5000$ y concluyó exhortando a los estados a despenalizar el aborto, apoyando la inmigración ilegal y denunciando los valores familiares tradicionales. La actual relatora especial para la Salud, la ‘doctora’ Flaleng Mofobeng forma parte de la junta directiva de ocho organizaciones abortistas africanas, todas ellas financiadas por Soros. Califica el aborto como “un acto radical de amor propio”…
La relación de Soros con el ecosistema de Derechos Humanos de la ONU es muy evidente. Un examen de los relatores desde 2010 arroja que 52 de los 222 habían trabajado o trabajaban en Open Society o sus satélites Centro de Derechos Reproductivos y Centro Internacional para la Justicia Transicional. De estos 52, 14 trabajan actualmente en Amnistía Internacional, 12 en la Comisión Internacional de Juristas, 6 mantienen sus puestos en Open Society y 4 trabajan en Human Rights Watch.
La evidencia del informe pone de manifiesto el uso político-ideológico de Derechos Humanos de la ONU gracias a la chequera de la fundación Ford y de la Open Society. ¿Naciones Unidas ha decidido subcontratar su ecosistema de Derechos Humanos a unos activistas ideológicamente radicalizados?