Un estatuto recientemente promulgado en el Proyecto de Ley 7 de la Cámara de Representantes de Texas ahora permite a los tejanos presentar demandas civiles contra médicos, farmacias y distribuidores de fuera del estado que envíen por correo medicamentos para abortar, como la mifepristona, al estado. Según la ley, aquellos que sean declarados responsables se enfrentan a daños y perjuicios legales de al menos 100.000 dólares por infracción. Los partidarios argumentan que esta medida es necesaria para cerrar una peligrosa laguna creada por el gobierno federal y para proteger las vidas de los no nacidos del tráfico de píldoras abortivas químicas.
El estatuto se basa en el mismo mecanismo de aplicación privada utilizado anteriormente en la prohibición del aborto por «latido cardíaco» de Texas en 2021, extendiéndolo a las píldoras abortivas. Al autorizar a ciudadanos privados —no a los fiscales estatales— a demandar, la ley elude algunos desafíos de los tribunales federales y faculta a los tejanos de a pie para actuar contra las redes de distribución ilícitas.
La ley restablece la responsabilidad de los estados y los ciudadanos de a pie frente a la expansión de los esfuerzos federales y de fuera del estado para distribuir píldoras abortivas. Reafirma el principio de que la vida debe ser protegida y que los estados no deben ser obligados a aceptar importaciones de abortivos vendidos bajo normas federales laxas. A medida que se avecinan desafíos legales, Texas está redoblando su postura, haciendo que la aplicación de sus leyes de aborto dependa no de los funcionarios estatales, sino de demandas privadas que responsabilicen financieramente a los distribuidores.
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