El paquete de leyes sobre energía y clima “Fit for 55“, que la Comisión Europea presentó el 14 de julio, penalizará a los ciudadanos pobres de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).
En 2019, los pobres en los Estados miembros de la UE representaban el 21% de los ciudadanos. Dentro de unas semanas se publicarán las cifras sobre el aumento de la pobreza en los países de la UE en 2020, el primer año del bloqueo debido al CoViD-19, y las primeras estimaciones no son nada halagüeñas.
En concreto, más de 50 millones de estos pobres viven ya en situación de pobreza energética, sin poder iluminar, calentar o refrigerar adecuadamente sus hogares. Pero la nueva legislación, que sobre el papel parecía una medida positiva en nombre de un “Green Deal” que no dejaría a nadie atrás, será una decepción. Especialmente para las personas y las familias con ingresos medios y bajos. No es casualidad que varios comisarios se hayan manifestado en contra de la propuesta.
Las facturas ya están subiendo, y lo harán aún más a partir de 2026, porque se aplicará un impuesto sobre el carbono emitido a la atmósfera. Pero si los usuarios no tienen con qué pagar los aumentos, fracasarán y fracasará también la política ecológica de la Comisión.
Es cierto que una parte de los programas de ahorro energético previstos se dedicará a las familias pobres, que se beneficiarán de reducciones en las reformas de edificios que aíslen mejor sus viviendas térmicamente, haciéndolas más confortables, entre otras cosas, y que supondrán un menor coste al final del proceso. Pero estos aspectos positivos se contradicen con el aumento de los precios del transporte y el almacenamiento de mercancías, la obligación de comprar coches eléctricos, el aumento inmediato de los costes energéticos de los consumidores y también la pérdida de puestos de trabajo en las empresas que tendrán que trasladarse fuera de la UE.
Sólo hay que pensar en el mercado de los coches y combustibles “verdes”, o en los motores de los vehículos que se han adaptado en los últimos años a los constantes cambios de la normativa medioambiental. Todo acabará en la basura en 2030, se quejan tanto fabricantes como constructores. Y para las familias que compraron un coche nuevo en 2020 solo para cumplir con esas normas, significará enviar todo al vertedero y tener que realizar una nueva y costosa compra.
Los 27 ministros de desarrollo de todos los países de la UE han criticado recientemente el probable aumento de los costes en el sector del transporte. Una primera estimación prevé que los aumentos para los hogares ascenderán a una media de 429 euros al año, una cifra inasequible para muchos, mientras que la industria pesada seguirá beneficiándose de las exenciones.
Aunque los hogares con mayores ingresos podrán acceder a las energías renovables, el coste de éstas seguirá siendo pagado por los más pobres. El Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, propuso un nuevo Fondo Social del Clima para apoyar a los grupos de bajos ingresos en la transición energética. El dinero se distribuirá a partir de 2025 según los criterios y las decisiones políticas que adopte la propia Comisión. Bien, pero el principio de subsidiariedad debería dictar la lógica. Cuando la Comisión habla de familias pobres o de bajos ingresos, ¿a quién se refiere? ¿Habrá proporcionalidad, que en las ayudas económicas también tiene en cuenta el número de miembros de la familia, o sólo la “unidad familiar” per se y, por tanto, en abstracto?
Y de nuevo: la Comisión Europea se había comprometido a erradicar la pobreza energética en los Estados miembros en la presente década, pero los instrumentos previstos quizá no entren en acción hasta mediados de 2025. ¿Y qué?
Así que el “Green Deal” de la UE aumentará definitivamente la pobreza familiar, y en el horizonte no hay protestas de los pauperistas, de los que siempre hablan de los pobres, de la izquierda.
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