La Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE) fue invocada para condenar a seis defensores provida acusados de delitos federales tras una protesta pacífica celebrada en 2021 en un centro abortista cerca de Nashville, Tennessee. La clínica Carafem Health Center de Mt. Joliet fue la anfitriona de la protesta de marzo de 2021, conocida como “rescate”, y más tarde tuvo que suspender la práctica de abortos para cumplir con la legislación provida de Tennessee tras la anulación en 2022 del caso Roe contra Wade.
Entre los manifestantes que se enfrentan a una condena se encuentran Chester Gallagher, Heather Idoni, Calvin Zastrow, Coleman Boyd, Dennis Green y Paul Vaughn. Se enfrentan a hasta 10 años y medio entre rejas con multas que ascienden a 260.000 dólares. Caroline Davis, una antigua manifestante, se había declarado culpable de los cargos y, al parecer, cooperó con el gobierno testificando contra sus coacusados.
Estos acontecimientos han provocado reacciones desde diversos ángulos. La protesta había sido relativamente tranquila, con cantos, rezos y alguna colocación estratégica de manifestantes para impedir el acceso. Por un lado, el consejero principal de la Sociedad Thomas More, Steve Crampton, expresó su decepción y frustración, de las que se hicieron eco muchos en la comunidad provida. Por otro lado, el senador Mike Lee acusó a la administración Biden de aplicar un doble rasero en la aplicación de la Ley FACE.
La investigación de estos supuestos casos de aplicación selectiva de la Ley FACE por parte de las agencias federales de inteligencia, específicamente hacia los pro-vida, será llevada a cabo por el Comité Selecto de “Armatización del Gobierno” establecido por la Cámara de Representantes Republicana de EE.UU. en enero de 2023.
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