El compromiso de Kentucky con la protección de la vida de los no nacidos se reafirmó cuando la ACLU (Unión Americana de Libertades civiles) de Kentucky retiró su demanda, Poe contra Coleman, que impugnaba las leyes provida del estado.
Esta desestimación garantiza que la ley gatillo de Kentucky y la prohibición del aborto de seis semanas permanezcan intactas, salvaguardando a los bebés del aborto en casi todos los casos. Este resultado refleja la base moral del estado y la voluntad de su pueblo, que valora la santidad de la vida desde la concepción.
La demanda, presentada en noviembre de 2024 ante el Tribunal de Circuito del condado de Jefferson, iba dirigida contra las leyes promulgadas después de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2022 de anular el caso Roe contra Wade.
La ley desencadenante de Kentucky prohíbe los abortos salvo en casos de extrema urgencia médica.
Esta ley respalda la creencia de que la vida comienza en la concepción y merece protección, independientemente de las circunstancias, ya que no existe ningún derecho constitucional al aborto, un hecho que la demandante, una mujer de Louisville que utiliza el seudónimo de Mary Poe, y la ACLU no lograron anular.
El fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, firme defensor de los valores conservadores, se mantuvo firme contra el desafío de la ACLU. Su oficina calificó la demanda de “infundada” y de “intento desesperado de imponer una agenda abortista radical”.
Tras la desestimación voluntaria de la ACLU, el 30 de mayo de 2025, Coleman tomó la X y declaró: “Las leyes provida de Kentucky se mantienen firmes, protegiendo vidas inocentes y reflejando la voluntad de nuestro pueblo”.
La retirada de la ACLU sigue un patrón de reveses legales para los defensores del aborto. En 2023, el Tribunal Supremo de Kentucky dictaminó que las empresas abortistas carecían de legitimación para demandar en nombre de sus clientes potenciales, lo que llevó a la ACLU y a Planned Parenthood a presentar el caso Poe contra Coleman con una demandante embarazada.
Una demanda anterior de una mujer identificada como Jane Doe fue abandonada en diciembre de 2023 después de que su embrión fuera considerado inviable, exponiendo la fragilidad de estos desafíos.
El Gabinete de Salud y Servicios Familiares de Kentucky informó de sólo 23 abortos en 2023, frente a los 4.441 de 2021, cuando el aborto no estaba restringido.
Este drástico descenso demuestra el éxito de las políticas conservadoras en la protección de las vidas de los no nacidos, reforzando el papel de Kentucky como faro de esperanza para el movimiento provida. Mientras la ACLU da un paso atrás, los conservadores permanecen vigilantes, listos para defender estas leyes contra futuros asaltos a la santidad de la vida.
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