El 16 de septiembre de 2021 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución para re-definir qué cosa es un crimen de “violencia de género” en los países de Europa.
Como suele ser frecuente, la Resolución incluye la denuncia de prácticas terribles como el asesinato de mujeres, los matrimonios forzosos, el tráfico de personas o la mutilación genital femenina. Pero además ha incluido un nuevo “crimen”: la defensa de la vida de los no nacidos. Aunque parezca increíble, para la Unión Europa ahora evitar que una mujer cometa un aborto es un crimen de violencia de género contra los derechos humanos de las mujeres. Esta resolución es un paso más en la imposición del aborto como derecho humano, iniciado este mismo año con el Reporte Mátic, del que informamos en un post del Weekly Briefing del Population Research Institute.
La nueva Resolución argumenta que impedir la “salud sexual y reproductiva” es ejercer violencia de género. Por más que los grupos abortistas y progresistas a veces se empeñan en ocultarlo, “salud sexual y reproductiva” consiste tanto la provisión de anticonceptivos como la promoción y financiamiento estatal del aborto. Esta Resolución del Parlamento Europeo confirma esta idea de que el aborto es parte de la salud reproductiva.
El plato fuerte contra la vida viene en la recomendación número 39 de la Recomendación, que escribe literalmente:
Destaca el hecho de que la coerción reproductiva y la negación de la atención del aborto seguro y legal es también una forma de violencia de género basada en el sexo;
Subraya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en varias ocasiones que las leyes restrictivas sobre el aborto y su falta de aplicación violan los derechos humanos de las mujeres;
Hace hincapié en que la autonomía y la capacidad de las niñas y las mujeres para tomar decisiones libres e independientes sobre sus cuerpos y sus vidas son condiciones previas para su independencia económica, para la igualdad de género y para la eliminación de la violencia basada en el género;
Condena enérgicamente el ataque contra los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la Unión, en particular el retroceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la prohibición de facto del aborto seguro y legal en Polonia;
Hay que recordar que, por la forma de organizarse de la Unión Europea, las resoluciones del Parlamento Europeo no se aplican automáticamente como leyes en cada país europeo. Son recomendaciones que luego cada país puede aplicar o no en su territorio. Lo más frecuente es que las resoluciones de la Unión Europea se apliquen en todos los países sin problemas. Pero en caso de que algún país no quiera hacerlo o quiera hacerlo solo en parte, la resolución EU sirve para que los burócratas de Bruselas presionen a ese país haciendo que tengan una menor participación en los organismos de gobierno de la Unión Europea –algunos muy importantes como la Comisión Europea o el Eurogrupo, que decide dónde va el dinero de los contribuyentes que vivimos en Europa–.
Todo esto significa que el Parlamento Europeo oficialmente recomienda que los países de la Unión Europea legalicen el aborto. Y sostienen que aquellos países que no tengan el aborto legalizado están violando los derechos humanos de las mujeres.
En varias partes de esta Resolución se dice que se considera mujeres no solo a las personas mayores de edad sino también a las menores. Básicamente, están proponiendo que los Gobiernos ayuden a adolescentes a que practiquen abortos bajo la amenaza de que si no lo hacen, están cometiendo violencia de género.
La Resolución fue aprobada por 427 votos a favor, 119 en contra, 140 abstenciones. Los de la Oficina del PRI en Europa nos reunimos con funcionarios del Parlamento Europeo quienes nos reconocieron que entre los diputados del Partido Popular hay una gran crisis de coherencia. Hasta ahora se suponía que el Partido Popular Europeo era el partido conservador, barrera de contención frente a los ataques de la izquierda representada por el Partido Socialista y sus socios Comunistas, Verdes y otros.
Pero ahora el Partido Popular no tiene argumentos para defender la vida y no lo hace. Es verdad que los progresistas de izquierda mezclan en sus resoluciones causas justas –por ejemplo, defender a las mujeres contra la trata de personas o de la mutilación genital– con los verdaderos objetivos de su agenda: hacer que el aborto sea legal en toda Europa. Pero partidos como Vox en España, Fidesz en Hungría (el partido del Primer Ministro Viktor Orban) o Ley y Justicia de Polonia se han dado cuenta de la trampa y han votado en contra de esta Resolución. El problema es que los diputados izquierdistas más algunos diputados del Partido Popular Europeo que piensan como progresistas han logrado un apoyo mayoritario a esta resolución.
La Resolución reconoce que uno de sus objetivos es hacer mayor presión sobre los países europeos en materia de violencia de género. Hasta ahora, lo que definía la violencia de género en Europa era el “Convenio de Estambul”, de 2011. Según reconoce la propia Resolución, el problema es que países como Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia aún no lo han ratificado. Peor aún, Polonia ha anunciado su intención de retirarse del Convenio.
Tal vez por eso, la Resolución ataca directamente a Polonia, que además tiene una ley que restringe de muchas formas el aborto. Hay que recordar que en octubre de 2020, la Corte Suprema de Polonia estableció que no es legal el aborto por malformaciones del niño por nacer, haciendo que la ley polaca defienda aún más a los niños. Gran parte del pueblo polaco apoyó esta medida, pero entre los progresistas de Europa fue tomado como un supuesto paso atrás en los derechos de la mujer. La Resolución que estamos comentando ataca oficialmente a Polonia, como una muestra más que la ofensiva pro aborto de la UE va en serio. Esto se puede considerar una amenaza más a Polonia de parte de un grupo de burócratas que solo piensan en imponer su agenda progresistas, como ya lo están tratando de hacer con Hungría.
Pero esta presión no se quiere ejercer solo sobre los países. También se quiere reprimir a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en defensa de la vida y contra el aborto. La Resolución condena “las acciones de los movimientos contra la igualdad de género y contra las mujeres en Europa y en todo el mundo que atentan sistemáticamente contra los derechos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y cuyo objetivo es anular las leyes vigentes que las protegen, poniendo así en peligro el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho.”
Los movimientos pro vida no somos bienvenidos para los Eurodiputados y nuestra opinión tiene que ser reprimida por los Estados de Europa. La excusa: que supuestamente no respetamos el derecho humano al aborto –que en realidad no existe pero que la Resolución intenta imponer en varios párrafos– y porque hacemos “incitación al odio”. Los movimientos pro vida hemos sido puestos en la mira de una persecución que recién empieza pero que tal parece que crecerá en los próximos años. Así lo dice claramente la Resolución cuando menciona los siguientes pasos que deberían dar los países europeos. Uno de ellos es perseguir delitos de “violencia de género”, “hace hincapié, en particular, en los movimientos en auge contra la igualdad de género, y contra las feministas, que están bien organizados y son de naturaleza transfronteriza”. Uno de estos grupos es el PRI, según un informe de junio del 2021, Tip of the Iceberg, escrito por Neil Datta, Secretary of the European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights. un auténtico libro rojo que pone en la diana a la mayoría de los grupos pro vida en Europa. Si sumamos el informe Mátic, ya comentado por PRI en este enlace, tenemos un lamentable mapa de intereses para que promover más y más el aborto y deshacerse de todos los que intentamos que este genocidio de europeos termine de una vez.