En caso de violencia de género, las «mujeres trans» (hombres que dicen ser mujeres) tendrán derecho a no ser demandadas por este tipo de agresiones. Esta es sólo una de las vulgares y preocupantes novedades que ha introducido el gobierno social-comunista y populista español con la recién aprobada Ley Trans.
La aprobación de la ley trans y su polémica autodeterminación de género eliminó todas las diferencias legales existentes entre sexos en España. Así lo demuestra un documento en el que se detallan unos 500 derechos que favorecen a las mujeres y que, a partir de ahora, también se podrán conceder a los hombres que decidan cambiar su sexo en el Registro Civil.
El 16 de febrero, a pesar de la división entre los distintos partidos políticos, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Transexualidad. Esta ley facilitará la reasignación de sexo a todos los ciudadanos mayores de 12 años en un plazo máximo de cuatro meses. Esta ley dará derecho a los hombres que decidan inscribirse como mujeres a un incremento de su pensión por el número de hijos, que empieza en el 5% por dos hijos y llega hasta el 15%; se les ofrecerá ayuda para su negocio (los hombres no tienen acceso a esto); o se les concederá una deducción en el IRPF de 100 euros al mes para las madres trabajadoras (si un padre quiere acceder a esto, debe demostrar que tiene la custodia).
En caso de violencia de género, las mujeres transexuales tendrán derecho a no ser demandadas por este tipo de agresiones. Si sufren violencia por parte de su pareja, pueden recibir ayuda económica. Además, tendrán un pago único adicional si se vieron obligadas a cambiar de residencia por circunstancias de violencia de género. Además, al menos 60 derechos de la Ley Integral contra la Violencia de Género serán accesibles a los hombres que deseen cambiar de sexo en el registro civil.
En cuanto a beneficios, en Canarias tendrán derecho a un descuento del 80% en su primera licencia de pesca; podrán beneficiarse de ayudas de hasta el 75% para obras audiovisuales; en Barcelona se reservará el 40% de las plazas en oposiciones a Guardia Urbana, o podrán acceder a una plaza en oposiciones a Guardia Civil antes que los hombres si la diferencia de puntos no es superior a 0,5 puntos hasta un cupo del 30% de mujeres.
La persona trans que quiera cambiar de sexo sólo tiene que acudir a la Oficina del Registro Civil. El interesado debe rellenar el formulario que le entregará el funcionario y declarar su deseo de cambiar de sexo. A continuación, tendrá que elegir un nuevo nombre. Esta rectificación no puede condicionarse a la presentación previa de un informe médico o psicológico. El funcionario le informará de las consecuencias jurídicas de su acto y le facilitará información sobre las medidas de asistencia durante el procedimiento de rectificación del nombre.
En el plazo de tres meses, la oficina de registro volverá a convocar a la persona para ratificar su solicitud y asegurarse de que sigue deseando cambiar de nombre. Un mes después, se aprobará el cambio oficial. En otras palabras, la persona que quiera hacer el cambio tendrá que esperar cuatro meses.
¿Qué puedo decir? Una vergüenza civil, así como una peligrosa reducción de las garantías y de la normativa específica para favorecer la especificidad femenina. No es de extrañar que la mayoría de asociaciones y ‘think tanks’ conservadores, asociaciones familiares y feministas (de todos los colores políticos) estén en «guerra» contra esta ley y este gobierno peligroso para la nación.
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