Un reciente informe parlamentario de Japón ha sacado a la luz la oscura historia de las antiguas leyes eugenésicas del país, revelando que unas 25.000 personas fueron sometidas a esterilizaciones forzosas, la mayoría de las cuales no dieron su consentimiento.
Sorprendentemente, algunas de las víctimas eran niños de tan sólo nueve años, que creían estar recibiendo un tratamiento médico legítimo.
Las leyes eugenésicas se promulgaron entre 1948 y 1966 y tenían como objetivo a las personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales o trastornos hereditarios, ya que el gobierno pretendía evitar el nacimiento de lo que consideraba niños «inferiores».
Estas leyes también fueron impulsadas por el deseo de combatir la escasez de alimentos tras la Segunda Guerra Mundial reduciendo las tasas de población. Aunque la legislación finalizó en 1966, la propaganda eugenésica siguió circulando, y un libro de texto de bachillerato de los años setenta todavía pregonaba los esfuerzos del gobierno por mejorar la predisposición genética del público.
Un informe anterior, realizado hace varios años, arrojó luz sobre casos en los que se coaccionaba a personas sordas para que se sometieran a abortos y esterilizaciones, aunque el número de afectados era significativamente menor en aquel momento.
El reciente informe reconoce la asombrosa magnitud del problema, con 25.000 víctimas que han denunciado.
En respuesta a las revelaciones, el Secretario Jefe del Gabinete, Hirokazu Matsuno, emitió una disculpa pública en nombre del gobierno japonés.
En 2019 se aprobó una ley para indemnizar a las víctimas, con una cantidad fija de 3,2 millones de yenes (aproximadamente 22.000 dólares) por persona. Sin embargo, algunos sostienen que esta suma es insuficiente y se pide que se reexamine la ley de indemnizaciones para ofrecer una reparación justa.
Aunque el informe ha sido elogiado, los abogados que representan a las víctimas afirman que aún quedan preguntas sin respuesta por parte del gobierno. Hacen hincapié en la necesidad de transparencia y comprensión global, e instan al poder legislativo a abordar las razones que subyacen a la creación de la ley, el importante retraso en su modificación y la falta de compensación para las víctimas.
Una víctima anónima, que ahora tiene 80 años y fue esterilizada a los 14, expresó su esperanza de que el gobierno se tomara en serio su sufrimiento y tratara el tema con transparencia en lugar de ocultarlo.
El informe supone un paso importante hacia el reconocimiento de las atrocidades cometidas al amparo de las leyes de eugenesia, pero aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar la justicia y evitar que una tragedia así vuelva a repetirse.
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