La archidiócesis de Montreal ha emprendido acciones legales contra el gobierno local de Quebec por una controvertida ley promulgada en 2023. Esta ley obliga a los hospicios católicos a realizar suicidios asistidos, oponiéndose directamente a la enseñanza católica y al Quinto Mandamiento. La batalla legal gira principalmente en torno a la residencia de ancianos St. Raphael, una residencia de cuidados paliativos de Montreal. A partir de su apertura en 2019, cuenta con 12 camas y ofrece atención diurna gratuita.
Anteriormente, las leyes de Quebec permitían a los hospicios abstenerse de ofrecer el suicidio médicamente asistido en sus instalaciones. Sin embargo, la normativa fue modificada en junio de 2023, eliminando cualquier exención basada en objeciones religiosas o de conciencia. La ley revisada, en vigor desde el 7 de diciembre de 2023, obliga a los hospicios a prestar este servicio previa solicitud.
En respuesta a estos cambios normativos, el arzobispo de Montreal, Christian Lépine, presentó el 5 de febrero una demanda contra el gobierno de Quebec. La demanda pretendía detener la aplicación de la enmienda y declararla inconstitucional, una medida aplaudida por la Coalición Quebequense por la Vida.
El arzobispo ha expresado su enérgica oposición, afirmando que el Estado está haciendo caso omiso de las intenciones originales de los fundadores y donantes del hospicio, así como de la misión de la Iglesia católica. El recurso solicita que los hospicios y los profesionales médicos conserven el derecho a negarse a participar en la muerte médicamente asistida basándose en convicciones personales.
En una contundente declaración en la que afirmaba la santidad de la vida según las creencias católicas, el arzobispo Lépine distinguió el papel de un hospicio, que proporciona cuidados paliativos sin acelerar ni retrasar la muerte, del acto del suicidio médicamente asistido, que se considera que acelera la muerte.