El pasado 15 de noviembre, la ciudad suiza de Ginebra acogió un encuentro sobre la situación de los Derechos Humanos en Polonia como parte del llamado “Examen Periódico Universal” dentro de la 41ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos. El diálogo entre los Estados miembros de las Naciones Unidas es la culminación del examen y el último momento para que las delegaciones intercambien puntos de vista antes de la redacción y adopción del informe final que contiene las recomendaciones finales.
Durante el debate, cada delegación presentó sus propias recomendaciones sobre las medidas que Polonia debería aplicar para mejorar el estado de los DD.HH. en el país. El preludio del debate fue la presentación de la delegación polaca sobre las reformas emprendidas en los últimos cuatro años para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos polacos y todos los esfuerzos realizados para acoger a millones de refugiados ucranianos y garantizarles todos los derechos necesarios y el acceso a los servicios en pie de igualdad con los ciudadanos polacos.
La mayoría de las recomendaciones formuladas por los otros Estados miembros, ignorando el extraordinario reto al que se enfrenta Polonia por la acogida de millones de refugiados ucranianos, se centraron casi exclusivamente en cuestiones ideológicas mezclando la independencia del poder judicial, la libertad de expresión de los medios de comunicación, la protección de los derechos de los inmigrantes, la prevención de la discriminación contra las minorías y la “comunidad LGBT”, la introducción del “matrimonio” entre parejas del mismo sexo y el acceso “seguro y legal” (sic) al aborto y a los “derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas”.
Delegaciones de países como Alemania y Dinamarca pidieron a Polonia que adoptara todas las medidas necesarias para combatir la llamada “incitación al odio” y los delitos motivados por el odio, apelando a modificar el Código Penal polaco e introduciendo discriminaciones específicas para las personas en función de su “identidad de género”. Suecia y Luxemburgo han pedido a Polonia que introduzca legislación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y Suecia también ha pedido a Polonia que despenalice el aborto en todos los casos. España, Irlanda, Bélgica, Dinamarca y Portugal insistieron en la necesidad de aplicar plenamente el Convenio de Estambul. Por el contrario, muchos otros Estados miembros se limitaron a una recomendación general para combatir la discriminación basada en la identidad de género, continuar la lucha contra los delitos de odio y los discursos contra las minorías y, sobre todo, garantizar el acceso de las mujeres a la salud “sexual y reproductiva”.
Durante el debate, representantes del Ministerio de Justicia polaco tomaron la palabra para explicar la legislación polaca sobre los temas planteados por las delegaciones extranjeras y así ofrecer una visión general de los principales puntos de discusión. Sobre la cuestión de la discriminación, los expertos del Ministerio señalaron la plena protección contra la discriminación garantizada íntegramente por la más alta legislación polaca, su Constitución. Sobre la cuestión del aborto, los representantes explicaron la legislación polaca en este ámbito y subrayaron que Polonia no forma parte de ningún convenio internacional que contemple el mal denominado “derecho al aborto”. Los expertos polacos también proporcionaron información detallada sobre el sistema judicial polaco.
La aprobación del informe final incluye las recomendaciones finales tras el examen, y Polonia podrá decidir si las acepta y las pone en práctica para el próximo Examen, o si las rechaza.
El Examen Periódico Universal trata de evaluar ante todo el grado de respeto de un país respecto los Derechos Humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales, es decir, de conformidad con lo dispuesto en documentos como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos u otros actos vinculantes de los que un país sea parte, es decir, tratados ratificados por el país.
El debate que tuvo lugar en Ginebra puso de relieve los intentos de obligar a Polonia a cambiar sus leyes en temas como el acceso al aborto, la introducción de “matrimonios” entre personas del mismo sexo y la aceptación de más de dos sexos. Estas exigencias no sólo carecen de base en el Derecho Internacional, sino que la mayoría de las veces son la materialización de supuestos ideológicos que poco tienen que ver con los Derechos humanos”, comentó Veronica Turetta, analista del Centro de Derecho Internacional Ordo Iuris.