El gobierno de España está exigiendo que todos los sistemas públicos de salud creen registros de médicos que se niegan a practicar abortos por motivos de conciencia, lo que ha provocado una fuerte reacción de los defensores de la vida, quienes advierten que esto equivale a una lista negra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado a las administraciones regionales gobernadas por conservadores que elaboren listas de “objetores de conciencia” entre los profesionales médicos. Amenazó con que, si no cumplen en un plazo de tres meses, se utilizarán “mecanismos legales apropiados” para hacer cumplir la medida. El gobierno afirma que tales registros son necesarios para garantizar que los servicios de aborto estén disponibles incluso en áreas donde los médicos se niegan a participar.
Pero los médicos y los grupos pro-vida están protestando, calificando la medida como una violación tanto de la conciencia personal como de las protecciones constitucionales. José Antonio Díez, jefe de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), criticó el plan como inconstitucional, diciendo: “¿Quién puede ordenar a los ciudadanos privados que se registren en un registro que ni siquiera exige el Tribunal Constitucional?”. Eva Martín de ANDOC añadió que el registro es esencialmente una lista negra profesional dirigida a los médicos que se niegan a matar a los no nacidos.
El telón de fondo del impulso del registro es la continua expansión del aborto en España. Una regulación ahora obliga a todos los hospitales públicos a realizar abortos, incluso en regiones donde encontrar médicos dispuestos se ha convertido en un desafío. En provincias lideradas por conservadores como La Rioja, muchos médicos de hospitales rechazan la participación. Según los informes, algunas provincias no habían realizado ningún aborto durante años debido a la objeción de conciencia.
Sánchez defiende el mandato del registro insistiendo en que las objeciones de los médicos nunca deben obstruir la “atención médica de las mujeres”. Pero al exigir listas de objetores, su gobierno está amenazando el principio de los derechos de conciencia. Si los gobiernos pueden obligar a los médicos a inscribirse en registros por negarse a practicar abortos, la presión sobre los profesionales médicos para que traicionen sus creencias sería inmensa, y el costo para los no nacidos y para la libertad religiosa sería evidente.
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