Un grupo legal conservador ha demandado al gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, por una controvertida ley que permite a los centros de acogida ocultar a los niños fugados de sus padres sin que medie ninguna acusación de maltrato.
La ley también permite a los refugios proporcionar abortos electivos y tratamientos de cambio de sexo financiados por los contribuyentes a menores sin el conocimiento o consentimiento de los padres. A pesar de la oposición de casi 4.700 personas y de los legisladores republicanos, el gobernador Inslee firmó la ley proaborto.
La legislación recién promulgada permite que niños de hasta 13 años permanezcan en albergues juveniles autorizados sin el conocimiento de sus padres, incluso en ausencia de signos de maltrato.
Anteriormente, la ley estatal obligaba a los centros de acogida a avisar a los padres en un plazo de 72 horas. Los centros de acogida no están obligados a notificar a los padres si el niño tiene una «razón de peso» para buscar esos servicios, incluida «la colocación en un hogar de acogida para recibir servicios de atención sanitaria protegidos.» Esto incluye los abortos electivos y las cirugías y hormonas de cambio de sexo.
El grupo America First Legal ha presentado una demanda contra el estado, argumentando que la ley crea un incentivo para que los menores que no están de acuerdo con sus padres sobre la «atención de afirmación de género» se escapen y reciban procedimientos médicos sin el conocimiento o consentimiento de los padres.
El grupo destaca la violación de los derechos de los padres y la posibilidad de que los menores se sometan a procedimientos que alteran su vida sin la supervisión adecuada.
Los defensores de la patria potestad y los detractores de la ley argumentan que ésta asume erróneamente que los padres que no afirman los deseos de un niño son abusivos. Sostienen que los padres tienen la responsabilidad primordial de criar y guiar a sus hijos, y que el gobierno no debe interferir en estos asuntos.
La oposición a la ley ha procedido de diversos grupos, incluidos padres conservadores, pro-vida e incluso padres de la comunidad LGBTQ.
Los esfuerzos para derogar la legislación están en marcha, y algunos representantes planean convertir la cuestión en un referéndum para las elecciones de noviembre. Existe la posibilidad de dejarla en suspenso hasta que se celebre una votación en todo el estado si se reúnen suficientes firmas válidas, aproximadamente 162.000.
El gobernador Inslee ha apoyado sistemáticamente las medidas a favor del aborto, y anteriormente firmó otros cuatro proyectos de ley a favor del mismo.
La ley del estado de Washington permite los abortos por cualquier motivo hasta el nacimiento y obliga a los contribuyentes del estado a financiar los abortos electivos. En 2020, un total de 16.050 bebés no nacidos fueron abortados en el estado, según el departamento de salud estatal.
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