La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una rama del Departamento del Tesoro estadounidense, ha sido acusada de instar a las instituciones financieras a inspeccionar las transacciones privadas de sus clientes en busca de posibles actividades sospechosas relacionadas con la expresión política o religiosa protegida. Esta acusación procede del representante Jim Jordan, presidente del Subcomité Selecto sobre la Armatización del Gobierno Federal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Afirmó que, como forma de detectar actividades ilegales, el FinCEN publicó materiales en los que se esbozaban las “tipologías” de posibles personas de interés, incluidas las que indicaban ciertas terminologías políticas.
Una de las principales preocupaciones en este sentido es la sugerencia de que la compra de libros, en particular textos religiosos, que transmitan “opiniones extremistas” puede considerarse una señal de alarma. Esto nos lleva a la cuestión de qué se considera “opiniones extremistas”. En los últimos tiempos, tras la brecha del Capitolio, el FBI enumeró el “aumento de las presiones sociopolíticas” como posibles desencadenantes que movilizan a “actores criminales y extremistas violentos domésticos hacia la violencia”.
La posición del diputado Jordan es que las generalizaciones arrolladoras y las investigaciones aparentemente injustificadas sobre las transacciones privadas de los individuos y su discurso constitucionalmente protegido están suscitando serias dudas sobre el respeto del FinCEN por las libertades civiles fundamentales. Jordania ha solicitado la transcripción de la entrevista para conocer mejor esta aparente inspección del comportamiento religioso, la actividad política y los viajes personales protegidos por la Constitución.
En el centro de esta cuestión está la preocupación de que los tiradores “potenciales”, es decir, las personas que pueden tener creencias políticas diferentes y poseer armas, estén siendo indebidamente vigilados. Jordan argumenta que estas acciones reflejan la “Operación Choke Point” de la era Obama, en la que los reguladores intimidaban a los bancos para que restringieran los servicios financieros a las personas que desaprobaban. Esto, según el representante Blaine Luetkemeyer, señala un sesgo contra los conservadores, los que no están de acuerdo con la administración y los partidarios de Trump. Se considera que este sesgo atenta directamente contra las libertades garantizadas por la Constitución, lo que suscita inquietudes sobre la objetividad y la legalidad de las actividades del FinCEN.