En una decisión de 5 a 4 tomada la semana pasada en Bogotá, la Corte Constitucional de Colombia legalizó el aborto hasta las 24 semanas. Esto marca un cambio monumental no sólo en el país mayoritariamente católico, sino en América Latina, ya que la nación se convierte en la tercera de la región -junto con México y Argentina- en despenalizar el aborto en los últimos 14 meses.
Antes de esta decisión, el aborto en Colombia sólo se permitía si la vida de la madre estaba en peligro, el bebé tenía anomalías o la madre era víctima de una violación o incesto.
Al legislar desde el banquillo, el tribunal usurpó descaradamente la autoridad del Congreso colombiano, que es la única rama del gobierno que puede aprobar leyes en el país. Elegido por el pueblo y responsable ante él, el Congreso no tenía intención de legalizar el aborto antes de la decisión, por lo que los defensores del aborto utilizaron el sistema judicial, dominado por los liberales, para saltarse el Congreso y la voluntad del pueblo.
La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia es sólo el último caso de jueces liberales no elegidos que se saltan la voluntad del pueblo al imponer a un país políticas impopulares de izquierdas. Cuando los izquierdistas no consiguen ganar en las urnas, intentan que su programa se convierta en ley llevando su caso al poder judicial, cuyos miembros suelen estar mucho más a la izquierda del ciudadano medio. Por ejemplo, en 1973 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de tendencia izquierdista, impuso el aborto al pueblo estadounidense. Antes de la decisión, la abrumadora mayoría de los estadounidenses se oponía al aborto, ya que 46 de los 50 estados lo habían prohibido por completo o lo permitían sólo en los casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre estaba en peligro. El «matrimonio» gay fue igualmente impuesto al pueblo estadounidense por los tribunales de izquierda. Antes de 2002, el «matrimonio» gay no estaba reconocido en ninguno de los 50 estados de Estados Unidos. Sin embargo, a partir de 2003, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Massachusetts impuso el «matrimonio» gay a la población de ese estado, los tribunales estatales y federales encabezaron la carga para imponerlo en todo el país; lo que culminó en la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2015, que sostuvo que el «matrimonio» gay era un derecho constitucional y, por tanto, legal en los 50 estados. Asimismo, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tendencia izquierdista, la que legisló desde el banquillo y obligó a abortar al pueblo mexicano en septiembre pasado, siguiendo el ejemplo de Argentina en diciembre de 2020. Y ahora la Corte Constitucional de Colombia ha seguido su ejemplo.
¿Qué puede hacer la gente para evitar que los jueces de izquierdas del Tribunal Constitucional legislen desde el banquillo e impongan leyes de izquierdas al pueblo? Hay que considerar varias opciones.
- En primer lugar, el pueblo podría enmendar la Constitución de su país, y así anular o adelantarse a las decisiones de los tribunales de izquierda, para prohibir el aborto, el «matrimonio» homosexual, la transexualidad, etc.; sin embargo, enmendar la Constitución puede ser un proceso engorroso y largo.
- En segundo lugar, el pueblo podría conseguir que sus congresistas retiraran expresamente de la jurisdicción de los tribunales constitucionales cuestiones como el aborto, el «matrimonio» homosexual, las cuestiones LGBT y otras similares.
- En tercer lugar, el pueblo podría conseguir que su Congreso aprobara una ley que permitiera anular cualquier decisión del Tribunal Constitucional con el voto de dos tercios de ambas cámaras del poder legislativo, digamos que en los seis meses siguientes a la sentencia.
- En cuarto lugar, el pueblo podría conseguir que sus congresistas hicieran que los jueces nombrados inicialmente para el tribunal constitucional estatal se sometieran a elección popular, digamos cada 10 años. (Si una onstitución prohíbe las acciones de los puntos 2 a 4 anteriores, sería necesaria una enmienda constitucional, lo que dificultaría el proceso….)
Estas son sólo algunas cosas que hay que tener en cuenta.
Así que ahí lo tienes. Otro poder judicial de izquierdas, esta vez en Colombia, ha usurpado el poder del poder legislativo y ha impuesto otra política de izquierdas impopular en un país. Ya es hora de que el pueblo, y sus representantes en el Congreso, pongan freno de una vez por todas a su poder judicial sin escrúpulos, antes de que más jueces de izquierdas impongan más elementos de la agenda sexual y LGBT radical en sus países.
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