El informe del Defensor del Pueblo
Consideración previa
De buen principio debe señalarse que España ha sido el único país del mundo donde el poder político, es los partidos, encargan una investigación sobre abusos en la Iglesia Católica y solo en la Iglesia Católica.
En Alemania el parlamento encargó investigar abusos en todos los ámbitos sociales. En Australia, en todas las religiones, no solo en la católica. Ceñir la investigación solo a entornos católicos es incurrir en una “Causa General” y en un juicio por razones políticas, con el Congreso como escenario.
Imaginemos que donde el Congreso y el Informe mencionan “Iglesia Católica” se leyera cualquier otro grupo social (por ejemplo: socialistas, gitanos, escuelas concertadas, homosexuales,…) y se vería su dimensión de discriminación injusta a un colectivo. Queda claro que se desvían las funciones de una institución pública (el Defensor) y así crece la degradación de las instituciones políticas.
1. El Informe presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el 27 de octubre de 2023 sobre la pederastia y la Iglesia es un paso decisivo en la apertura de una causa general contra la Iglesia, que continuará en el Congreso y que tiene como excusa formal indagar sobre la pederastia, a cargo de una instancia que carece de toda competencia para inquirir a la sociedad y sus instituciones. Constituye además todo este proceso una flagrante violación de los Acuerdos Iglesia Católica y Estado.
2. No dudamos en calificar el informe del Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo como malicioso y fruto espurio de la obediencia a un mandato discriminatorio, que no tenía por qué seguir por no estar sujeto a un mandato imperativo.
i. Porque disponía de datos suficiente previos para constatar la marginalidad de los autores católicos en el delito, y por otra parte, su brutal extensión en la sociedad.
ii. La inhibición hasta ahora del estado a pesar de la significación de los casos en ámbitos de su administración y en la sociedad, hecho que contrasta con la suma atención que dedica a otro tipo de violencia.
iii. Consecuencias indeseables, como la distorsión de los resultados sobrevalorando los actos originados por impulsos homosexuales, como ahora la propia encuesta del Defensor del Pueblo corrobora.
iv. Carecer de atribuciones legales para realizarlo, dado que su marco de actuación normativo es el de la indagación de los comportamientos de las administraciones públicas en detrimento de los derechos de los ciudadanos, y en ningún caso es atributo suyo el derecho a indagar sobre estos, una tarea reservada al poder judicial y a la fiscalía.
v. El rechazo a la petición por parte de e-Cristians de que ampliara la indagación a los casos, mucho más abundantes, cometidos en ámbitos de las administraciones públicas, cumpliendo así con lo establecido por la ley en lo que se refiere a sus atribuciones.
3. La falta de atribuciones legales, las intenta salvar el Defensor del Pueblo vinculando la indagación discriminatoria sobre los casos que afectan a personas vinculadas a la Iglesia católica, con “y el papel de los poderes públicos”, siendo esta una de las palabras más repetidas en el informe.
Pero esta relación no excusa que el foco se haya situado solo en los católicos- una acción manifiestamente discriminatoria- sin otra justificación, dado que se trata de un sujeto marginal, que los cinco años de campaña del periódico El País, de la que incluso alardea en su edición del sábado 28 de octubre, afirmando que sin su campaña el informe no se hubiera producido.
Por tanto, el Defensor del Pueblo es una institución del Estado que ha actuado a instancias del complejo ideológico formado por El País, el PSOE y el Gobierno, con la colaboración (innecesaria) del PNV.
La estructura misma del informe muestra con claridad que no busca investigar a las administraciones públicas, sino a los católicos y sólo a los católicos.
4. Es necesario estudiar detenidamente todo este proceder desde el punto de vista de la conculcación de derechos y leyes. Lo haremos.
5. La estructura del informe con 779 páginas está dividida en 7 capítulos de los que las conclusiones y recomendaciones solo ocupan 24 páginas. El tema central es la encuesta complementada por el análisis de las víctimas que han declarado, que siendo a priori el sujeto principal se ha convertido en un complemento.
La razón no es otra que el reducido número de casos que han conseguido documentar a pesar del periodo indagado de más de 90 años. De aquí que se incorporara algo no previsto en la metodología inicial: los casos concretos encontrados no les parecían suficientes para sus objetivos y acudieron a una estadística cuyos fallos comentaremos.
6. El Informe no recoge entre la información que menciona ninguno de los informes presentados por e-Cristians, más arriba citados, ni tan siquiera, los dos escritos dirigidos nominalmente al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
Este hecho contrasta con la credibilidad que otorga a la información facilitada por El País, que tal y como revela el análisis de e-Cristians, Análisis de los dos informes elaborados por el periódico El País sobre los casos de abusos de menores en la Iglesia, es de baja calidad demostrativa en un elevado número de casos.
7. El Informe solo describe 14 casos, uno referido al Senegal (?) y solo ha conseguido recoger 405 entrevistas con presuntas víctimas, que en realidad solo 360 eran víctimas efectivas, porque las 45 restantes se referían a casos de terceros que decían conocer.
8. El análisis detalla en una tabla las décadas en las que se produjeron los casos que declaran los testimonios. Pero no llega a establecer que hay una clara concentración de casos entre 1960 y 1989. Los años 70 fueron los peores, como en otros países.
i. 1930; 1
ii. 1940; 5
iii. 1950; 33
iv. 1960; 122
v. 1970; 151
vi. 1980; 103
vii. 1990; 60
viii. 2000; 19
ix. 2010; 8
x. 2020; ningún caso
xi. No identificado; 20
El Informe no valora esta secuencia concentrada en unas décadas clara y rotundamente descendente a pesar que de que en términos reales las denuncias por abusos sexuales en menores en los juzgados se han multiplicado, sin apenas presencia de abusadores del ámbito de la Iglesia.
En otros términos: la Iglesia ha resuelto razonablemente bien su problema, las instituciones sociales, el estado y sus gobiernos no. Esta es la evidencia que oculta el Informe.
La realidad de los resultados del Informe del Defensor del Pueblo
1. Primero y más importante: las 440.000 víctimas son un invento de El País. Es una cifra que en ningún momento aparece en el Informe del Defensor del Pueblo si bien permite que lo haga El País, sin desmentir la burda manipulación.
Se basa en una infantil regla de tres, aplicando el porcentaje que determina la encuesta de abusados a la población española actual comprendida entre 19 y 90 años.
2. Es muy grave que haya medios de comunicación que publiquen la cifra de los 440.000 como si la diera el Informe del Defensor del Pueblo. Así lo hacen medios importantes como La Vanguardia o TV3. Así engañan a sus lectores.
3. El uso de la encuesta debe ser criticado por diversas razones: La encuesta, de 8.000 entrevistas sobre la población de 18-90 años, de 38,9 millones, tiene un margen de error del 1%. El margen de error, también denominado intervalo de confianza, dice en qué medida puedes esperar que los resultados de la encuesta reflejen las opiniones de la población general.
Por ejemplo, un 60 % de respuesta “sí” con un margen de error del 5 % significa que entre el 55 % y el 65 % de la población total cree que la respuesta es “sí”.
4. En el caso de la encuesta de El País, las respuestas de personas relacionadas con el ámbito católico son de solo del 1,13. Pero en realidad como la cifra no es homogénea se descompone en dos valores de muy distinto significado. Uno, el 0,6% que se refiere a sacerdotes y otro, 0,53% , atañe a asalariados laicos.
Es evidente que estas magnitudes con el el margen de error del 1% dejan sin valor cuantitativo a las cifras y, por tanto, la proyección, porque en ambos caso los umbrales inferiores resultantes de aplicar el margen de error son valores negativos.
5. Porque lo más importante y norma general es que una encuesta exprese opiniones, pero no determine hechos objetivos externos a ella. Y esto por diversas razones.
Por error de muestreo. La calidad de la proyección depende de la representatividad de la muestra. Si la muestra no es representativa los resultados pueden no reflejar con precisión la realidad de la población general.
Por sesgos en la muestra: Si los hay en la recopilación de datos, los resultados pueden no reflejar con precisión la realidad.
Confianza y precisión de los resultados: Proyectar cifras exactas de la población en general a partir de una muestra puede generar imprecisiones significativas.
Complejidad de los factores involucrados: Algunos asuntos, como la delincuencia, suelen estar influenciados por una variedad de factores, como condiciones socioeconómicas, culturales y demográficas.
Proyectar una tasa de delincuencia basada en un porcentaje de una muestra específica sin considerar estos factores puede dar lugar a conclusiones incorrectas y estigmatizantes. Muy importante, imposibilidad de verificar la veracidad de las respuestas.
6. Las encuestas no son fiables porque no hay forma de confirmar la veracidad de la respuesta, más en este caso por la elevada diferencia entre las llamadas telefónicas hechas, 113.126, los que se prestaron a contestar el cuestionario y las entrevistas telefónicas finalmente realizadas, 4.802.
La desproporción es descomunal y demuestra que una parte desconocida de los que se avinieron a ser entrevistados tenían interés en ello. Lamentable, GAD 3 no introdujo preguntas de control de sesgo ideológico. Concretamente, si el número de lectores de El País representados se corresponde con el universo de población, dado que hace cinco años que practica una campaña incriminatoria contra la Iglesia.
Otras preguntas de control necesarias, eran el recuerdo e intención de voto y su comparación con el total, y los medios de comunicación mediante los que accede a la información. Al faltar estos elementos, no existe ninguna garantía sobre la representatividad de la muestra y carece de significación valorable.
Estos datos señalan la existencia de un sesgo importante que puede determinar que muchos de los que respondieron tenían un “a priori” interesado.
7. La encuesta es además poco fiable al referirse a hechos sucedidos hace muchas décadas, que se basan en la memoria, que como es sabido tiende a reajustar el pasado.
Por ejemplo, una persona puede recordar haber sufrido incomodidad en los vestuarios de su colegio cuando era niño, hace 60 años, quizá por comentarios de chicos mayores. También puede recordar que había un clérigo que le tenía antipatía. Podría refundir ambos recuerdos como que el clérigo le hizo comentarios groseros y sexuales en los vestuarios, aunque en la realidad él jamás se hubiera acercado a esos vestuarios y los culpables fueran unos compañeros.
8. Pero sigamos el mismo juego. Con los mismos datos de la encuesta, que señala que el 11,6% de los mayores de 18 años han sido abusados, resultaría según El País (y La Vanguardia y TV3 entre otros) que ahora en España hay 4,5 millones de adultos que fueron abusados de menores, de los cuales 4,1 millones lo fueron fuera del ámbito católico, sin que los gobiernos hicieran nada, ni se ocuparan de ello los medios de comunicación. ¡10 veces más que los que dicen que afectan al ámbito católico!
También nos dice la encuesta que en las escuelas no religiosas, mayoritariamente públicas, los abusos se producen en un número muy superior al de las escuelas católicas.
9. Ante el escándalo de unas escuelas públicas con, supuestamente, más de 4 millones de víctimas, ¿Qué harán El País, La Vanguardia, TV3 y el resto de esa prensa? ¿Qué hará el Defensor del Pueblo, el Congreso, el Senado, el Gobierno, el Partido Socialista y el PNV, autores de la iniciativa? Si creen de verdad que hubo 4 millones de víctimas en escuelas públicas, ¿no tendrían que responsabilizarse y volcarse en ellas?
10. El Defensor del Pueblo debe responder, porque ante la penuria de los datos directos obtenidos se refugió en una encuesta, cuando estaban a su disposición datos empíricos y directos de realidad que permitían un excelente trabajo estadístico:
i. El Informe de la Fundación ANAR
ii. Los informes de e-Cristians.
iii. Los datos oficiales sobre delitos de abusos sexuales a menores, juicios y sentencias, que informan de primera mano sobre la naturaleza del sujeto.
iv. Los datos recabados por la Fiscalía General del Estado a todas la fiscalías territoriales sobre este tipo de delitos
11. Es más, resultaba obligado contrastar los datos teóricos de la encuesta con los, como mínimo, aportados por la información de denuncias, juicios y sentencias por abuso sexual en menores.
12. ¿Por qué no se ha hecho? Porque los resultados de datos directos señalan la marginalidad de los delitos cometidos por sacerdotes y personas vinculadas a la Iglesia.
13. Si bien son temas menores ante la magnitud de los desafueros previos, hay que advertir:
i. No se facilita el cuestionario, por lo que se desconoce cómo han sido formuladas las cuestiones, ni como se le define al entrevistado el concepto de abuso sexual.
ii. De las tablas se podría deducir que el sondeo considera abusos sexuales los abusos verbales sin relación física y que no se distingue entre los distintos tipos de contacto físico.
14. Las entrevistas confirman que la cuestión decisiva de los casos producidos en ámbitos eclesiales es la existencia, en algunos de los miembros de la Iglesia, de tendencias homosexuales, mucho más frecuentes a mitad del siglo XX que en este siglo. Este problema, que desvirtúa la realidad del delito, que afecta mucho más a niñas, ya fue apuntado con prudencia en el informe de e-Cristians.
15. Las medidas que propone el Informe son rotundamente insuficientes y sesgadas. Son un fracaso y como el propio trabajo de más de 700 páginas, un parto de los montes sobre cómo abordar el problema. También es manifiesta la falta de recursos para abordar un mal social que cada año determina miles de denuncias, que en la mayoría de los casos no se resuelven, y en las que los sacerdotes y miembros de ámbitos de la Iglesia brillan por su ausencia o se cuenta por alguna unidad.
16. Pedimos un gran debate social sobre la pederastia en la sociedad, también en la Administración del Estado, y sobre cómo combatirla. Contribuiremos a ello.
17. Pedimos que la encuesta se someta a un examen de pares a cargo de expertos independientes no designados por el Defensor del Pueblo.
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