Un antiguo gestor de cartera de Soros Fund Management, Howard Rubin, ha sido acusado de graves cargos federales relacionados con un plan de tráfico sexual, coacción y abuso violento. Junto con su asistente de mucho tiempo, Jennifer Powers, Rubin está acusado de orquestar una red que reclutaba a mujeres vulnerables —algunas anteriormente asociadas con Playboy— en su ático de Manhattan, donde los fiscales alegan que las sometió a horribles abusos en una habitación equipada como una «mazmorra sexual» insonorizada.
Las autoridades estadounidenses afirman que, entre aproximadamente 2009 y 2019, Rubin utilizó la fuerza, el fraude y la coacción para manipular a mujeres para que viajaran a Nueva York y participaran en actos sexuales sadomasoquistas a cambio de dinero. La acusación afirma que invirtió más de 1 millón de dólares en vuelos, pagos y el mantenimiento de un ático de lujo equipado con restricciones y equipos de descarga eléctrica. Supuestamente, se utilizaron acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) y amenazas para silenciar a las víctimas e impedir que hablaran.
Rubin se declaró no culpable tras ser arrestado en Connecticut, y un juez federal ordenó su detención sin fianza, calificándolo de riesgo de fuga. Powers, de 45 años, fue arrestada en Texas y se espera que comparezca ante un tribunal federal. Si son declarados culpables, cada uno se enfrenta a una pena de entre 15 años y cadena perpetua por los cargos de tráfico; Rubin también se enfrenta a hasta 30 años por un presunto fraude bancario relacionado con declaraciones falsas en la documentación hipotecaria relacionada con la compra de una casa.
En litigios civiles anteriores, algunas de las presuntas víctimas demandaron a Rubin y Powers en 2017. Un jurado declaró a Rubin responsable y les concedió 3,9 millones de dólares; él está apelando esa sentencia. La trayectoria profesional de Rubin abarca una carrera en finanzas, incluyendo períodos en Merrill Lynch, Bear Stearns, y desde 2008 hasta 2015 en Soros Fund Management.
Las autoridades dicen que las presuntas víctimas a menudo tenían historias de vulnerabilidad: pobreza, adicción o abuso previo. Los fiscales alegan que la operación de Rubin buscaba a aquellos en riesgo, a veces usando drogas o alcohol para menoscabar el consentimiento, y los sometía a actos más allá de los términos acordados.
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