Alemania se dispone a introducir multas de hasta 5.000 euros (5.500 dólares) por expresiones consideradas «perturbadoras» o «confusas», en un controvertido proyecto de ley dirigido a las protestas pacíficas en torno a los centros abortistas. La medida de la ministra federal de Familia alemana, Lisa Paus, fue anunciada la semana pasada y se ha enmarcado como una criminalización de las actividades que podrían atentar contra las experiencias de quienes buscan abortar. Aunque el acoso ya es ilegal, esta legislación pretende crear zonas de censura en todo el país, restringiendo la expresión pacífica y vulnerando potencialmente la libertad de reunión y expresión.
Curiosamente, este nuevo proyecto legislativo se produce poco después de que el Parlamento británico aprobara una legislación sobre la llamada «zona tampón» en 2023. Esta ley británica, que se aplicará en Inglaterra y Gales de forma inminente, ha provocado detenciones, multas, interrogatorios y cargos penales por rezar en silencio cerca de centros abortistas.
La ley alemana propuesta contradice una decisión de 2023 del máximo tribunal administrativo del país, que reforzó el derecho de reunión y protesta pacíficas cerca de los centros abortistas. Teniendo esto en cuenta, el nuevo proyecto de ley puede enfrentarse a un difícil paso por el proceso legislativo y, de hecho, a la reacción violenta de las organizaciones de derechos humanos y provida.
Los partidarios de la libertad de reunión y de expresión consideran la legislación propuesta alarmante y una erosión de las libertades fundamentales. Entidades como ADF International, un grupo de defensa legal, sostienen que las protestas pacíficas como la oración silenciosa o las ofertas no agresivas de apoyo a las mujeres que entran en los centros abortistas no deberían criminalizarse. A pesar de ello, el proyecto de ley ha sido aprobado por el Gabinete Federal y ahora pasará por el Bundesrat y el Bundestag.
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