La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta un Derecho de Petición ante la Comisión de Peticiones del Senado para que éste solicite al Defensor del Pueblo que elabore un informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Administración Pública.
Pide que se incluya en el informe los abusos cometidos por cargos políticos y autoridades de todas las administraciones, empleados públicos, instituciones sanitarias, educativas y centros de menores gestionados por la Administración.
Abogados Cristianos alega que, según el último informe sobre abusos sexuales elaborado por la Fundación ANAR, sólo el 0,2% de los abusos tuvieron lugar en el ámbito de la Iglesia. Sin embargo, ese dato fue suficiente para que el Defensor del Pueblo elaborara un informe sobre ello.
La organización de juristas recopila en su solicitud 24 casos de abusos sexuales a menores protagonizados por políticos en los últimos años y otros tantos en los que las víctimas no son menores.
Abogados Cristianos defiende que “el objeto de solicitar este informe es garantizar una visión integral y exhaustiva del problema de los abusos sexuales en España, a fin de que se tomen las medidas necesarias para proteger a las víctimas, reforzar los mecanismos de control y garantizar que este tipo de conductas no queden impunes en ninguna institución, pública o privada”.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “los hechos recientemente acaecidos se explica la insistencia de algunos políticos en atacar a la Iglesia, y desviar la atención de lo que estaba pasando en sus propias filas, reclamando exclusivamente la investigación en la Iglesia pero excluyendo otros ámbitos, como el de los propios partidos políticos”.
Castellanos insiste: “Al igual que solicitó Podemos con la Iglesia Católica, ahora deben ser los partidos políticos, como persona jurídica, los que se hagan responsables de las indemnizaciones, de la responsabilidad civil económica derivada y de su reparación”.
Además, Polonia Castellanos denuncia que “son estos mismos partidos los responsables de organizar charlas de educación sexual en los colegios y tratan de prohibir que los padres podamos negarnos a ello”.
Solicitud de petición
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