Suicidio asistido en menos de un mes: así es el proyecto de ley de iniciativa popular depositado por la Asociación «Luca Coscioni» en siete regiones de Italia y que podría llegar a la Cámara de Diputados de Emilia-Romaña en pocas semanas, donde los radicales esperan encontrar la apertura para la legislación nacional.
Una propuesta presentada casi de tapadillo, mientras la atención mediática era acaparada por los cada vez más numerosos viajes a Suiza de los «ayudantes civiles» fundados por Marco Cappato: Elena, Romano, Massimiliano y, hace unos días, Paola, la mujer boloñesa de 89 años enferma de Parkinson a la que acompañaron a morir al otro lado de la frontera el 8 de febrero.
Como los demás, Paola no se mantenía con vida gracias a un tratamiento de soporte vital y no cumpliría los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia Dj Fabo/Cappato de 2019 para acceder al suicidio asistido: de ahí el traslado a Suiza, seguido de la enésima autodenuncia de activistas, cobertura mediática y llamamientos para que nadie más acabe como la mujer, «obligada a recurrir al suicidio asistido en el extranjero» por la «discriminación entre enfermos» desencadenada por la despenalización «solo bajo ciertas condiciones» de la ayuda al suicidio por el Tribunal Constitucional.
Son declaraciones de Filomena Gallo, que ha anunciado más desobediencia civil hasta que el Parlamento promulgue una ley «adecuada» sobre el final de la vida. […]
Por ello, la propuesta de ley autonómica señala plazos perentorios (veinte días como máximo) para que los órganos competentes comprueben que se cumplen los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional y se garantiza el acceso de los pacientes al suicidio asistido (en el plazo de una semana desde el cierre del informe definitivo por parte de la autoridad sanitaria local encargada de examinar la solicitud). También estipula que todas las prestaciones y tratamientos corran a cargo del Estado.
Pacientes, servicios, tratamientos, porque para los radicales, el suicidio asistido es a todos los efectos una «terapia» que debe proporcionarse «a través del sistema nacional de salud y, por tanto, a través de fondos regionales». Así consta en los documentos presentados a finales de diciembre y que están siendo examinados por el Consejo de Garantías Estatutarias designado por la Asamblea Legislativa de la Región de Emilia-Romaña.
Una región liderada por el Pd, con un presidente en campaña para las primarias para el que los demócratas católicos no quieren ser un problema, y donde es fácil imaginar que los Coscioni tienen las mayores expectativas. {…}
La idea de sustituir o preceder al Parlamento no es compartida ni siquiera dentro de la mayoría, donde se da por descontado el plácet del Consejo y ya se habla de un agrio enfrentamiento.
Mientras tanto, región por región, sirviéndose de los diversos instrumentos de la iniciativa popular, los radicales han engrasado y puesto en marcha la máquina de la ley, alistando desde el mes pasado a voluntarios y fedatarios para recoger firmas allí donde los estatutos regionales lo permiten: Abruzos, Liguria, Lombardía, Piamonte, Toscana y Véneto son las regiones candidatas, junto con Emilia-Romaña, a ser las precursoras del suicidio asistido en Italia.
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