Al menos una o dos personas cada semana han optado por el llamado “suicidio asistido” en Nueva Zelanda desde que entró en vigor el 7 de noviembre. Según informa el periódico La Nueva Zelanda Herald (NZH), en los últimos tres meses 73 personas han pedido acabar con su vida, aunque “menos de veinte” lo han hecho. Sin embargo, se espera que esa cifra “aumente. Una explotación de la eutanasia tristemente similar a la que ya existe en algunos países europeos.
Según la presidenta de la organización pro-eutanasia End of Life Choice Society, Ann David, la razón por la que un gran número de personas aún no ha expresado su deseo de morir es simplemente porque muchas de ellas no saben que es posible. De hecho, la mayoría de los programas de naturaleza eutanásica, sostiene David, se caracterizan por un “arranque suave”.
La activista pro-eutanasia dice que, “si una persona no tiene cáncer, no podrá disfrutar de la muerte asistida”, porque los criterios de acceso actuales “excluyen la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas entre otras, ya que los médicos simplemente no pueden saberlo… o no pueden tomar decisiones que abarquen seis meses”.
La ley aprobada por el parlamento neozelandés en 2019, y luego confirmada por un referéndum en octubre de 2020, estaría en realidad viciada por una serie de percepciones erróneas del problema. Algunas encuestas publicadas por el mundo provida neozelandés muestran que el 80% de los votantes no están en absoluto informados sobre el contenido real de la ley.
La muerte del Estado está servida
Después de un par de meses de interpretaciones contradictorias, entonces llegó una escalofriante confirmación del Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda: para la “muerte asistida”, “la elegibilidad se determina caso por caso; por lo tanto, el Ministerio no puede hacer declaraciones definitivas sobre quién es elegible. En algunas circunstancias, un paciente con CoViD-19 puede ser elegible para la muerte asistida”.
En el país, el debate se centra principalmente en el momento de la aprobación de la solicitud de muerte. Por término medio, las solicitudes se aprueban al cabo de cuatro a seis semanas. Sin embargo, el Dr. John Kleinsman, director de la organización provida The Nathaniel Center, informa de que las solicitudes se conceden al cabo de pocos días. “Sucedió tan rápido, que ni siquiera dio tiempo para abordar los aspectos más problemáticos, como es el caso de los cuidados paliativos”, dice Kleinsman a NZH.
La despreocupación con la que se lleva a cabo la “muerte asistida” molesta incluso a algunos de los propios defensores de la eutanasia. Por ejemplo, la ex diputada Maryan Street, que se sorprendió al saber que un amigo quería utilizar la nueva ley inmediatamente después de su aprobación.
Sí, la Ley de elección del final de la vida está dividiendo profundamente a la opinión pública neozelandesa y, en particular, a la comunidad científica, como ya lo ha hecho en los Países Bajos. Porque la nueva ley es también un fuerte desincentivo a los cuidados paliativos, que ya son escasos en el país, y a la protección de los más vulnerables.
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