El caso en curso de Roger Foley, un canadiense de 45 años que padece un trastorno neurológico degenerativo incurable, ha puesto en el punto de mira la legislación del país sobre la asistencia médica para morir (AME).
Foley, antiguo director de comercio electrónico del Royal Bank of Canada, lleva hospitalizado desde 2015 debido a su enfermedad debilitante, la ataxia cerebelosa.
Supuestamente, el personal del hospital ofreció a Foley una alternativa: pagar 1.800 dólares al día por seguir recibiendo cuidados hospitalarios, regresar a casa para recibir unos cuidados posiblemente inadecuados u optar por la asistencia médica para morir.
Insistiendo en que se estaban violando sus derechos humanos básicos, Foley ha demandado al hospital, a los proveedores de cuidados y a los gobiernos provincial y federal de Canadá.
En su caso se critican las disposiciones del MAiD del país, argumentando que facilitan peligrosamente el suicidio asistido de personas vulnerables sin intentos reales de aliviar su sufrimiento.
Durante una audiencia desde su cama de hospital a través de Zoom, Foley informó a los diputados del Comité Permanente de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de los Comunes canadiense de que la muerte asistida era más fácilmente accesible que un apoyo seguro y adecuado para los discapacitados.
Foley alegó que se sintió coaccionado a considerar el MAiD porque sus necesidades de cuidados agudos no estaban siendo gestionadas razonablemente por el hospital.
En 2021 se introdujeron cambios en las leyes canadienses sobre el MAiD, eliminando el requisito de que la muerte sea “razonablemente previsible”.
Esta enmienda, conseguida tras una impugnación exitosa en el Tribunal Superior de Quebec, permite el suicidio asistido en casos de enfermedad no terminal.
Sin embargo, los defensores de los derechos de las personas discapacitadas han argumentado que estos cambios suponen una “afrenta moral” y una amenaza creciente para la vida de las personas con discapacidades no terminales.
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