Un tribunal japonés considera constitucional la prohibición del «matrimonio» entre personas del mismo sexo

Un Tribunal de Distrito de Tokio dictaminó el 29 de noviembre de 2025 que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Japón es constitucional, desafiando una serie de fallos recientes a favor de la comunidad LGBT en todo el país. La jueza Ayumi Higashi determinó que el Artículo 24 de la Constitución, que establece que «El matrimonio se basará únicamente en el consentimiento mutuo de ambos sexos», no se extiende a las relaciones homosexuales. La decisión se alinea con un fallo anterior del Tribunal de Distrito de Osaka, lo que marca la segunda afirmación de este tipo en un total de 12 casos, mientras que cinco tribunales superiores han considerado que la prohibición es inconstitucional, pero han emitido solo juicios simbólicos sin invalidar las leyes ni otorgar compensación.

Los demandantes, que impugnan la exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio legal, anunciaron de inmediato sus planes de apelar ante el Tribunal Supremo de Japón, posiblemente en 2026. Higashi enfatizó que preservar el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer apoya la crianza de los hijos y es una interpretación razonable de términos como «marido y mujer» en el derecho de familia. Instó a los legisladores a debatir cualquier cambio en la legislación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo a través de los canales parlamentarios en lugar de por decreto judicial.

Japón se encuentra entre algunas naciones desarrolladas, incluidas Italia, Corea del Sur y la República Checa, que aún no han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. El fallo supone un revés para el movimiento LGBT en Asia Oriental, en contraste con la creciente presión judicial para la reforma. La nueva Primera Ministra, Sanae Takaichi, se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, las encuestas de opinión más amplias indican un fuerte respaldo social: una encuesta de Pew de 2023 encontró que el 70% de los japoneses apoya la legalización, la tasa más alta entre las naciones asiáticas encuestadas, lo que alimenta el activismo y el litigio en curso.

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