Los padres y tutores de Illinois podrían enfrentarse a cargos de maltrato infantil si no facilitan abortos a sus hijos o a otras personas a su cargo, según una legislación recién presentada. El proyecto de ley propuesto, HB4876, presentado por la diputada demócrata Anne Stava-Murray, pretende revisar la «Ley de denuncia de niños maltratados y abandonados» para calificar de niños maltratados a aquellos a los que se les niegan «servicios de atención primaria, servicios de aborto o servicios de afirmación de género».
La legislación ha sido recibida con críticas por parte de los defensores provida, que la consideran parte de una estrategia más amplia de los demócratas de Illinois para eliminar las protecciones a los bebés antes de nacer, a los niños menores que buscan abortar y a las mujeres. El proyecto de ley también ha suscitado preocupación porque ofrece protección frente a la responsabilidad civil o penal a los profesionales médicos que practiquen abortos o cirugías de género sin el consentimiento de los padres.
Esta intensificación de la política proabortista se produce después de que el estado legalizara el aborto durante los nueve meses de embarazo, derogara el requisito de notificación a los padres y financiara directamente los abortos con dinero de los contribuyentes. Los detractores del proyecto de ley han argumentado que constituye una persecución de las personas provida y que se apropia indebidamente de las leyes contra el abuso infantil al penalizar a los padres que intentan proteger a sus hijos para que no sufran abortos.
El proyecto de ley se encuentra entre una serie de esfuerzos legislativos recientes de funcionarios demócratas para penalizar la oposición a las perspectivas provida y antitransgénero. Estas medidas incluyen intentos de investigar a los padres por maltrato infantil si no apoyan a sus menores en procesos de transición de género, y castigar las opiniones provida obligando a los centros de embarazo a promover abortos.
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