La Justicia da la razón a la asociación española defensora de los derechos humanos Abogados Cristianos y ha condenado a la Diputación de Valladolid, en España por poner en la fachada de su edificio principal la bandera LGTB. Una imposición a la ciudadanía que atenta contra el derecho de todos y choca con la debida neutralidad de las instituiones públicas.
La presidenta de la Fundación de juristas, Polonia Castellanos, se felicita por la sentencia por ser la primera que condena en estos términos a una institución pública, aludiendo al deber de objetividad y neutralidad de las administraciones y a la Ley de Banderas española.
Los ciudadanos están «cansados» de que se les impongan ideologías y de que se vulnere la legalidad por quienes deben velar para que se cumpla. «Nos preocupa que los que deberían ser garantes de la ley sean los primeros que la vulneran y utilicen los edificios públicos como chiringuitos para exhibir la ideología que más les interesa», dijo Polonia Castellanos, quien confió en que el fallo sirva para que se respete a todos los ciudadanos y se cumpla la ley.